Gabriel Romero, dueño del holding Emepa y una figura central en los negocios ferroviarios y de dragado en Argentina, es uno de los empresarios clave en la Causa Cuadernos. Tras confesar el pago de coimas por US$600.000 para obtener un decreto favorable a su empresa Hidrovía, ahora busca evitar el juicio oral a través de una “reparación integral” de más de $510 millones.
Con un perfil que combina negocios estratégicos con el Estado y un vínculo histórico con el radicalismo, Romero es un actor de peso cuyo testimonio como “arrepentido” fue fundamental para la investigación. Según supo Noticias Argentinas, su caso es paradigmático del entramado de corrupción que se ventila en la causa, involucrando concesiones clave y retornos a funcionarios.
Los negocios de Romero: trenes, dragado y publicidad
El imperio de Gabriel Romero se construyó sobre tres pilares de contratación estatal:
- Negocios Ferroviarios: A través de Ferrovías, controló la concesión de la línea Belgrano Norte desde 1994. Su holding, Emepa, también gestionó las líneas Mitre y Sarmiento hasta 2013, y el San Martín, Belgrano Sur y Roca hasta 2014, a través de unidades de gestión de emergencia.
- La Hidrovía: Es el negocio más estratégico. Su empresa Hidrovía S.A., conformada por Emepa y la dragadora belga Jan de Nul, controla el sistema de transporte fluvial Paraná-Paraguay, por donde pasa el 20% de las cargas del país. Fue por la extensión de esta concesión que Romero confesó haber pagado coimas.
- Publicidad en la Ciudad: A través de PC Vía Pública, manejaba parte de la concesión del mobiliario urbano del Gobierno porteño.
Además, el empresario es dueño de las estancias y cabañas “Don Benjamín” en la provincia de Buenos Aires.
De arrepentido a la “reparación integral”
La confesión de Romero ante el fiscal Carlos Stornelli fue una de las más impactantes de la causa. Detalló haber realizado dos pagos de US$300.000 cada uno para que el gobierno de Cristina Kirchner firmara el decreto que extendía la concesión de la Hidrovía. También admitió que entregaba un 15% de los subsidios al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y un “retorno adicional” anual de 500.000 dólares para mantener la concesión de Ferrovías.
Ahora, a pesar de su confesión, Romero se sumó al grupo de 40 empresarios que buscan evitar el juicio oral, que comenzará el 6 de noviembre, a cambio de una compensación económica. Su oferta de $510.298.166 busca extinguir la acción penal en su contra, una estrategia que, de ser aceptada por el tribunal, le permitiría eludir una posible condena pero que enfrenta la fuerte oposición de la UIF y la fiscalía.
