El reciente anuncio del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que estableció un tope nacional a las cuotas de los colegios privados, tendrá escasa aplicación en Santa Fe. Así lo confirmó el secretario gremial de Sadop Rosario, Martín Lucero, quien remarcó que la provincia cuenta desde 2003 con su propia regulación —la Resolución 018/03 del Ministerio de Educación— que define con precisión los montos máximos que pueden cobrar las instituciones educativas privadas.
“En Santa Fe ya existe una norma que fija los topes según el porcentaje de subsidio estatal que recibe cada colegio”, explicó Lucero. “Un establecimiento con el cien por ciento de aportes puede cobrar una cuota que no supere el cinco por ciento del salario de un docente que recién se inicia. A medida que baja el porcentaje de aporte del Estado, aumenta proporcionalmente el tope de la cuota”, agregó.
El dirigente sindical señaló que el sistema provincial tiene la particularidad de actualizar los montos de manera automática, cada vez que se otorgan incrementos salariales al sector docente. “Cada vez que suben los sueldos, el Ministerio de Educación —a través del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SePESP)— emite una resolución que ajusta los topes. No es necesario esperar la intervención de la Secretaría de Comercio Interior como en otros distritos”, detalló.
Lucero precisó que el impacto de la medida nacional será mínimo en Santa Fe, dado que solo alcanzaría a un pequeño grupo de instituciones que no reciben ningún tipo de subsidio. “En esos casos, los colegios pueden cobrar la cuota que crean conveniente, en función de lo que los padres estén dispuestos a pagar. Allí podría haber alguna incidencia, pero es un porcentaje muy bajo dentro del sistema educativo provincial”, señaló.
El referente de Sadop consideró que no se esperan cambios en el corto plazo respecto a la normativa provincial. “Salvo que Santa Fe modifique su propia resolución, la medida nacional no tendrá impacto real. Es importante que las familias sepan que en la provincia hay un marco regulatorio que funciona y protege tanto a los docentes como a los padres”, concluyó Lucero.
