Se trata de subas que, en su mayoría, ya fueron comunicadas por las empresas o se desprenden de esquemas de actualización vigentes.
El escenario se da en un contexto en el que la inflación continúa marcando el ritmo de la economía con incrementos mensuales más moderados que en años anteriores, pero aún con efectos acumulativos sobre el poder adquisitivo.
Alquileres y salud privada
Uno de los aumentos más significativos de enero será el de los alquileres para aquellos contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres. En estos casos, la actualización se realiza de manera anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina inflación y evolución salarial.
Para enero de 2026, el ICL marca un incremento del 36,39%, lo que implica un ajuste considerable para los inquilinos que deban renovar el valor mensual de su contrato. Si bien el porcentaje representa una desaceleración respecto de los picos registrados en años anteriores, sigue siendo una suba de peso en el ingreso familiar, especialmente en un contexto de gastos crecientes en otros rubros.
En paralelo, los contratos firmados bajo el nuevo esquema, posterior a la derogación de la ley, se actualizan según lo pactado entre las partes, con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, generalmente atados a la inflación. En estos casos, los incrementos suelen ser menores en términos porcentuales, pero más frecuentes.
Otro rubro clave es el de la medicina prepaga. Las principales empresas del sector ya notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas a partir de enero, con subas que en la mayoría de los casos se ubican por debajo del 3%, aunque con variaciones según el plan y la empresa.
Además del valor de la cuota mensual, algunas compañías aplicarán ajustes en copagos y coseguros. Si bien se trata de incrementos más moderados que los registrados en años anteriores, el gasto en salud privada sigue siendo uno de los más sensibles para las familias, en especial para jubilados y trabajadores independientes.
Combustibles, tarifas y servicios
A los aumentos en alquileres y salud se suman los ajustes previstos en combustibles. Desde el 1° de enero está prevista la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), correspondientes a tramos que habían sido postergados durante 2024 y 2025.
La aplicación de estos impuestos impacta de manera directa en el precio final de la nafta y el gasoil en surtidor. Si bien el Gobierno Nacional mantiene la facultad de postergar o escalonar estos aumentos, el esquema vigente contempla su entrada en vigencia durante enero, lo que agrega presión sobre los costos de movilidad y logística.
En cuanto a los servicios públicos, también se esperan ajustes en las tarifas de gas y electricidad. El Ejecutivo nacional oficializó aumentos en el precio mayorista del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central de la factura final que pagan los usuarios.
Estos incrementos se trasladarán a las boletas residenciales una vez que se publiquen los nuevos cuadros tarifarios, en el marco del esquema de segmentación de subsidios que continuará vigente durante 2026. En el caso de la electricidad, se prevé un proceso similar, con actualizaciones graduales que buscan reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas.
Otro rubro que tendrá aumentos en enero es el de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable comenzaron a informar a sus clientes subas que oscilan entre el 3% y el 4,5%, según el servicio contratado. Estos ajustes suelen aplicarse de manera mensual o bimestral y forman parte de la política de actualización permanente del sector.
