El gobierno de Santa Fe destacó una fuerte disminución en las amenazas a escuelas, en un contexto donde comenzaron a aplicarse sanciones económicas a los responsables. Según informó la vocera Virginia Coudannes, las denuncias pasaron de 87 —registradas el lunes de la semana pasada— a solo 15 en el último relevamiento.
Desde la administración provincial explican que la caída está directamente vinculada al inicio del cobro de resarcimientos económicos a las familias de los adolescentes identificados como autores de las intimidaciones. Uno de los casos ya implicó el pago de seis millones de pesos, y existen más de 15 expedientes en curso.
“El delito se paga”, sostuvo Coudannes, al remarcar que la política busca generar un efecto disuasivo concreto. Además, señaló que en muchos expedientes hay más de un responsable y que los llamados se originaban en distintas localidades de la provincia.
El dinero recaudado tiene un destino específico: cubrir los costos operativos que generan estas falsas amenazas, como el despliegue policial, horas adicionales (OSPE) y combustible para patrulleros.
Desde el Ejecutivo subrayan que la medida no se limita al cobro económico, sino que forma parte de una estrategia integral que incluye investigación penal y seguimiento de cada caso. Las familias notificadas cuentan con cinco días para abonar el monto, mientras que la Justicia define los pasos a seguir ante posibles incumplimientos.
La vocera también adelantó que la provincia evalúa extender estos controles a otros puntos del territorio, en busca de consolidar la tendencia a la baja.
En paralelo, el gobierno trabaja en otras iniciativas vinculadas a la prevención y el control, como herramientas digitales para supervisar el uso de internet en adolescentes y programas de asistencia financiera.
El descenso en las amenazas marca, según las autoridades, un primer resultado concreto de una política que apunta a combinar sanción, prevención y responsabilidad económica frente a un problema que había escalado en el inicio del ciclo lectivo.
