El proyecto para construir un parque acuático en la Rambla Cataluña sumó nuevas críticas de organizaciones ambientales, vecinos autoconvocados y referentes vinculados al río, que denuncian una posible privatización de la costa rosarina y reclaman mayor transparencia por parte del municipio.
La protesta se realizó este miércoles en la Plaza Seca de la Rambla y reunió a integrantes de El Paraná No Se Toca, pescadores, kayakistas, deportistas náuticos y vecinos que utilizan habitualmente ese sector costero.
El principal reclamo apunta a frenar el avance de la iniciativa hasta que se difundan los detalles técnicos, urbanísticos y ambientales del emprendimiento impulsado por la Municipalidad.
Reclamos por falta de información
Desde las organizaciones sostienen que la obra podría afectar el acceso público a la playa, modificar el uso del espacio costero y generar impactos sobre el ambiente ribereño.
Además, cuestionan que el proyecto haya sido presentado sin una instancia previa de consulta ciudadana.
Ana Laurino explicó que una abogada del espacio realizó una presentación formal para solicitar información sobre la existencia de estudios de impacto ambiental, los alcances reales de la obra y las razones por las cuales no se convocó a una audiencia pública.
“Esto se hizo a espaldas de la sociedad. Nadie sabe nada y de golpe aparece un proyecto que dicen que ya está aprobado”, sostuvo Laurino.
La referente ambiental también citó el Acuerdo de Escazú como marco legal para exigir acceso a la información y mecanismos de participación pública en temas ambientales.
Debate por el uso de la costa
Los manifestantes remarcan que el conflicto excede el parque acuático y forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo urbano y el acceso al río en Rosario.
En ese sentido, sostienen que la ciudad perdió gran parte de sus espacios ribereños de acceso libre y que la Rambla Cataluña representa uno de los pocos sectores públicos que todavía permiten un vínculo directo con el Paraná.
“Hace tiempo venimos pidiendo una reorganización del territorio costero, pero los gobiernos pasan y el tema se patea. Mientras tanto, aparecen iniciativas que responden a intereses privados”, afirmó Laurino.
Las organizaciones adelantaron que continuarán con acciones administrativas y legales para exigir documentación oficial y estudios técnicos antes de cualquier avance de obra.
El conflicto promete intensificarse en los próximos días, en medio de un debate que combina ambiente, acceso al espacio público y el futuro urbanístico de la costa norte rosarina.
