La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario expresó su preocupación por el aumento de las intimaciones y embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra establecimientos con atrasos impositivos, y advirtió que estas medidas ponen en riesgo la continuidad de numerosas pequeñas y medianas empresas.
Según los empresarios, las ejecuciones fiscales inmovilizan las cuentas bancarias y dificultan el funcionamiento diario de hoteles, bares y restaurantes, en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos y la reducción de la rentabilidad.
El presidente de la entidad, Carlos Mellano, explicó que la situación se presenta cuando los comercios no logran cumplir en tiempo y forma con obligaciones como el IVA, las cargas patronales u otros tributos nacionales. Tras la intimación, indicó, ARCA puede avanzar con el embargo de las cuentas, lo que impide afrontar pagos esenciales para mantener la actividad.
“El problema no es desconocer la deuda, sino que al inmovilizar las cuentas se dificulta pagar sueldos, proveedores, servicios e insumos”, sostienen desde la asociación.
Desde el sector remarcan que muchos establecimientos enfrentan el dilema de elegir entre cumplir con las obligaciones fiscales, pagar salarios o sostener la cadena de proveedores, debido a una actividad que aún no logra recuperar niveles de rentabilidad.
En ese marco, reclamaron planes de regularización con condiciones más accesibles y plazos acordes a la realidad económica de las pymes, para evitar que las ejecuciones fiscales terminen afectando la continuidad de negocios que generan empleo.
Si bien ARCA implementó recientemente un régimen que permite financiar determinadas deudas en hasta 18 cuotas con una tasa mensual del 2,5 %, los empresarios consideran que la herramienta representa un alivio parcial, pero no resuelve los problemas estructurales del sector.
Otro de los cuestionamientos apunta a los criterios aplicados por las distintas delegaciones del organismo, ya que, según indicaron, en algunos casos se otorgan mayores plazos entre la intimación y el embargo, mientras que en otros las ejecuciones se concretan con mayor rapidez.
Para los representantes de la actividad, la principal dificultad no es el acceso al financiamiento, sino la falta de ingresos suficientes para afrontar todas las obligaciones simultáneamente. En ese sentido, descartan que los créditos bancarios sean una solución generalizada, ya que el costo financiero podría profundizar el endeudamiento de empresas que ya operan con márgenes muy reducidos.
El planteo del sector concluye con un pedido concreto: instrumentar mecanismos fiscales que permitan regularizar deudas sin paralizar el funcionamiento de las pymes, preservando el empleo y la actividad económica en una de las ramas más golpeadas por la retracción del consumo.
