La Cámara de Diputados pondrá en el centro de su agenda durante los primeros días de agosto el tratamiento del proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para incentivar la incorporación al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal.
Tras el receso invernal, La Libertad Avanza intentará alcanzar acuerdos con el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, cuyos votos serán determinantes para avanzar con la propuesta tanto en comisión como en el recinto.
Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto con los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. El oficialismo pretende consolidar primero el respaldo de sus aliados antes de iniciar el debate parlamentario.
Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita reunir al menos 34 votos adicionales para alcanzar el quórum de 129 legisladores y avanzar con la aprobación del proyecto. En ese escenario, el respaldo de bloques como Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y otros espacios provinciales aparece como clave.
Cambios propuestos
La iniciativa busca profundizar los objetivos de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias, con el propósito de facilitar que los ahorros en dólares no declarados ingresen al sistema formal. Según estimaciones que maneja el oficialismo, todavía existirían alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito financiero.
Entre las modificaciones previstas se encuentra la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que dejaría de estar limitado a contribuyentes con determinados niveles de ingresos y patrimonio.
Además, el proyecto elevaría del 15% al 30% el margen de diferencia entre los ingresos y bienes declarados que habilita una revisión por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reduciendo así los casos sujetos a fiscalización.
La oposición propone excluir a funcionarios
Desde Unión por la Patria adelantaron que buscarán introducir modificaciones para impedir que funcionarios públicos y sus familiares puedan acceder al régimen simplificado.
La propuesta, impulsada por el diputado Eduardo Valdés, surgió luego de la polémica generada por la rectificación patrimonial realizada por el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, y plantea que ningún integrante de los tres poderes del Estado pueda beneficiarse con este mecanismo.
De este modo, el debate que comenzará en agosto no solo pondrá en discusión las herramientas para incentivar la formalización de activos, sino también los límites y controles que deberían aplicarse para evitar que el régimen alcance a funcionarios y personas políticamente expuestas.
