El Gobierno nacional volvió a quedar enfrentado con las universidades públicas tras difundir un informe sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las carreras de Medicina. La controversia comenzó luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmara que el 39% de los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, un dato que fue rechazado por las autoridades de esa institución.
La discusión se amplió cuando la Casa Rosada publicó un informe de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que ubica a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entre las casas de estudio con mayor proporción de estudiantes extranjeros en Medicina. Según ese documento, 4.517 de los 13.969 alumnos de la carrera son extranjeros, lo que representa un 32% del total.
Desde la UNR cuestionaron la validez de esa cifra y sostuvieron que fue elaborada con una metodología inadecuada. Fuentes de la universidad explicaron que el informe toma como referencia el número de reinscriptos, en lugar de considerar a los alumnos regulares, es decir, quienes efectivamente cursan y rinden materias.
De acuerdo con el último relevamiento institucional, elaborado en octubre de 2025, los estudiantes extranjeros representan alrededor del 23% de la matrícula de Medicina, mientras que en el conjunto de la universidad no alcanzan el 5% del total.
Las autoridades universitarias también recordaron que la legislación argentina impide cobrar aranceles a los extranjeros con residencia, ya que tanto la Ley de Educación Superior como la Ley de Política Migratoria garantizan ese derecho. Además, señalaron que gran parte de los estudiantes extranjeros proviene de países del Mercosur, cuyos ciudadanos pueden acceder a la residencia permanente en el país.
El debate se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario por el financiamiento de las instituciones públicas. Desde la UNR interpretan que la discusión sobre los estudiantes extranjeros busca desplazar el eje del conflicto generado por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente judicializada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En paralelo, datos de la Dirección Nacional de Migraciones indican que las radicaciones de extranjeros en Santa Fe disminuyeron durante 2024 y 2025 respecto de los años anteriores. Desde 2019 se registraron 25.729 radicaciones en la provincia y cuatro de cada cinco correspondieron a personas establecidas en Rosario.
Según esas estadísticas, Brasil y Venezuela encabezan el listado de países de origen de los migrantes, mientras que entre las ocupaciones declaradas predominan los estudiantes, seguidos por empleados, amas de casa y albañiles.
Mientras continúa la controversia por las cifras difundidas, las universidades permanecen a la espera de definiciones sobre la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, especialmente en lo referido a la actualización salarial de los docentes, una cuestión que aún no fue confirmada oficialmente por el Gobierno nacional.
