El Gobierno presentó una nueva versión del proyecto que modifica la Ley de Tierras con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para obtener la media sanción en el Senado. La principal modificación consiste en mantener un límite para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque elevándolo del 15% al 25% del territorio de cada provincia, en lugar de eliminar por completo las restricciones, como planteaba la iniciativa original.
Durante una conferencia de prensa en el Senado, Patricia Bullrich defendió el cambio al señalar que el nuevo porcentaje toma como referencia la legislación de Brasil, al considerar que ese país logró un mayor desarrollo productivo bajo ese esquema. Además, respondió a las críticas asegurando que “la propiedad no es soberanía”, al diferenciar la titularidad de un inmueble de la potestad del Estado para ejercer control sobre el territorio.
La modificación busca acercar posiciones con sectores dialoguistas, especialmente legisladores radicales y provinciales que rechazaban una apertura total del mercado de tierras. Sin embargo, el escenario parlamentario continúa extremadamente ajustado, con estimaciones que ubican tanto al oficialismo como a la oposición entre 34 y 35 votos.
En ese contexto, los votos de algunos senadores provinciales podrían resultar determinantes, entre ellos los representantes de Misiones, Edith Terenzi y Flavia Royón, cuya postura todavía no fue confirmada.
Los cambios que incorpora el proyecto
Más allá del incremento del límite al 25%, el nuevo texto introduce modificaciones de mayor alcance respecto de la legislación vigente.
Actualmente, la Ley 26.737 establece restricciones sobre el porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. El proyecto oficial elimina los límites nacional y municipal, manteniendo únicamente el tope provincial del 25%, lo que, según sus críticos, permitiría concentrar propiedades en determinadas regiones estratégicas sin superar el porcentaje total de la provincia.
También desaparecen otros controles vigentes, como el límite por nacionalidad —que impide que ciudadanos o empresas de un mismo país concentren gran parte del cupo extranjero— y el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular.
Al mismo tiempo, las provincias conservarán la facultad de dictar normas propias sobre la materia. Además, las adquisiciones realizadas por empresas con participación estatal extranjera requerirán autorización tanto del gobierno provincial como del Poder Ejecutivo nacional, al igual que las operaciones en zonas de seguridad de frontera.
La oposición endurece las críticas
Desde el interbloque peronista rechazaron la iniciativa y plantearon que el debate excede la cuestión patrimonial para involucrar la soberanía nacional.
José Mayans afirmó que los 25 senadores de su bloque votarán en contra y advirtió que la reforma podría facilitar la concentración de tierras productivas y recursos estratégicos en manos extranjeras. El legislador sostuvo que el límite actual del 15% ya resulta elevado y consideró que la aprobación del proyecto marcaría “un antes y un después” en la política territorial argentina.
Además, vinculó la iniciativa con el endeudamiento externo y cuestionó la política económica del Gobierno, al tiempo que convocó a una movilización frente al Congreso durante la sesión.
Una definición que podría depender de un solo voto
Otro de los focos de atención está puesto en la situación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo avanzado y solicitó autorización para participar de la sesión de manera remota por recomendación médica.
La vicepresidenta Victoria Villarruel deberá resolver si habilita esa modalidad o si la decisión queda en manos del cuerpo. En caso de empate, la titular del Senado tendría la facultad de definir la votación con su voto de desempate.
Con los números aún abiertos y varios legisladores sin una posición confirmada, la sesión prevista para este jueves se perfila como una de las más ajustadas del año, tanto en la aprobación general del proyecto como en el capítulo específico que modifica la Ley de Tierras.
