La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió remover de su cargo al fiscal adjunto Diego Gustavo Rodríguez y Barros y establecer una inhabilitación de diez años para volver a integrar el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La sanción fue aprobada durante una sesión conjunta de ambas cámaras bajo la causal de mal desempeño de sus funciones, luego de que la Comisión de Acuerdos recomendara por unanimidad avanzar con el apartamiento.
El dictamen contó con las abstenciones de los diputados Palo Oliver, Claudia Balagué, Carlos Del Frade y Lionela Cattalini.
Rodríguez y Barros se desempeñaba como fiscal adjunto de la Primera Circunscripción Judicial y había quedado bajo investigación disciplinaria a partir de distintos episodios que llegaron a conocimiento del MPA.
El expediente por los neumáticos
Uno de los principales elementos analizados surgió de una denuncia presentada por el propio funcionario por el presunto robo de neumáticos de su vehículo.
A partir de la investigación se planteó la posibilidad de que el hecho hubiera sido simulado con el objetivo de obtener la reposición de las cubiertas por parte de la compañía aseguradora.
Frente a las sospechas, el MPA realizó una consulta de oficio a la empresa involucrada. La aseguradora informó que el caso presentaba indicios de irregularidad y las actuaciones quedaron bajo análisis del auditor del organismo, Leandro Mai, quien posteriormente remitió los antecedentes a la Legislatura.
El proceso disciplinario también incorporó otros señalamientos.
Trabajadores de la Fiscalía de San Jorge realizaron presentaciones en las que denunciaron presuntos malos tratos por parte de Rodríguez y Barros. Esas acusaciones fueron evaluadas junto con las actuaciones vinculadas al seguro y formaron parte de los fundamentos considerados para recomendar su remoción.
Qué dijo en su defensa
El fiscal rechazó las acusaciones y sostuvo que el robo de los neumáticos efectivamente ocurrió. Según explicó, realizó la denuncia policial y posteriormente inició el trámite correspondiente ante la aseguradora.
También cuestionó que no se hubieran llevado adelante determinadas medidas para comprobar el hecho, entre ellas inspecciones, fotografías o relevamientos de cámaras de seguridad.
Rodríguez y Barros negó haber cometido una falta disciplinaria o un delito y destacó que contaba con 34 años de trayectoria y sin antecedentes de sanciones.
La Asamblea Legislativa, sin embargo, avaló el dictamen de la Comisión de Acuerdos y dispuso su salida definitiva del MPA.
Además de la remoción, la resolución establece una inhabilitación por diez años, período durante el cual no podrá volver a concursar ni ocupar cargos dentro del Ministerio Público de la Acusación.
