La Justicia de Santa Fe dictó el sobreseimiento de Gino C., el adolescente que en marzo de este año mató a un estudiante de 13 años durante un ataque a tiros en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. La decisión fue tomada por el juez penal José Boaglio, quien aceptó el planteo de la defensa basado en la edad del joven al momento del hecho.
Los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener solicitaron que el adolescente fuera desvinculado del proceso penal al argumentar que, con 15 años, no podía recibir una condena bajo el régimen penal juvenil vigente cuando ocurrió el ataque.
El magistrado hizo lugar al pedido y resolvió el sobreseimiento. La decisión se fundamenta en la inimputabilidad por edad y no supone un pronunciamiento que desconozca la participación del adolescente en el hecho.
Medidas de seguimiento y protección
Pese al cierre del proceso penal, se dispusieron medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal. La situación vuelve a poner el foco en las herramientas disponibles para abordar hechos de violencia protagonizados por menores de edad y garantizar tanto la protección de la comunidad como el acompañamiento correspondiente.
El ataque ocurrió en marzo en la Escuela Mariano Moreno y tuvo como víctima a un alumno de 13 años. El episodio conmocionó a San Cristóbal, a la provincia de Santa Fe y al país, y reabrió el debate sobre la prevención de la violencia en las instituciones educativas y los alcances del sistema penal juvenil.
La investigación sobre comunidades digitales violentas
La investigación también puso la atención sobre una presunta red internacional identificada como True Crime Community, vinculada con espacios digitales que glorifican ataques violentos y masacres escolares.
El caso expuso los desafíos que plantean la circulación de contenidos violentos en internet y la detección temprana de posibles conductas de riesgo entre adolescentes.
El sobreseimiento vuelve a instalar la discusión sobre los límites de la respuesta penal cuando los hechos son cometidos por menores que no alcanzan la edad de punibilidad, así como sobre las medidas de prevención, protección y seguimiento que puede adoptar el Estado.
