En las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un ex ministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el máximo tribunal local. O que otro juez llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera jurídica, sólo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista.
Estas situaciones ocurren en lugares como La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa. Y la lista sigue.
No son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas.
¿Cómo llegaron a ocupar esos lugares los magistrados que integran hoy esas instituciones? ¿Son Juristas de carrera, independientes del poder político, o políticos reciclados en la Justicia?
Por primera vez, las respuestas a esos interrogantes se traducen en datos: un relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos de algún tipo con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos.
Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -cargos ejecutivos o legislativos-, tuvieron funciones partidarias o bien algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política.
Con un dato adicional: 76 de estos supremos -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.
Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales.
La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.
Hay que aclarar que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces.
Y si bien eso no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial.
“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, ratifica Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y ex presidenta de Transparencia Internacional. Detalla que en América Latina, según datos del Latinobarómetro, sólo el 28% de la población en promedio confía en la Justicia. “En Argentina esa cifra baja al 22%. La politización de la Justicia es responsable -en parte- de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”, analiza la jurista.
Ante el pedido de Ruido y CONNECTAS, sólo opinaron sobre este tema los jueces de Córdoba y uno de Tierra del Fuego. En ambos casos recalcaron que sus nombramientos se dieron conforme a lo que establecen las normas, y mencionaron los “anticuerpos” que el mismo sistema judicial tiene para resguardar la independencia y la parcialidad.
En el caso de Entre Ríos, ante la falta de precisiones se re hizo la consulta, pero respondieron que “no resulta procedente” brindar la información solicitada “sobre hechos o circunstancias que incumben al ámbito privado antes de ser nombrados miembros del Tribunal».
