La situación judicial de Sancor sumó un capítulo decisivo. En medio del concurso preventivo y de una reactivación operativa que permitió poner en marcha seis plantas y procesar hasta 600.000 litros diarios, la fiscalía federal pidió procesar a dos exdirectivos por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
El dictamen, firmado por el fiscal Jorge Gustavo Onel, fue remitido al Juzgado Federal de Rafaela. Los imputados —José Pablo Gastaldi (presidente entre 2020 y 2022) y Alberto Eduardo Sánchez (presidente entre 2022 y 2024)— se presentaron a indagatoria el 12 de noviembre y optaron por no declarar. Onel requirió su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal.
En el caso de Gastaldi, la fiscalía atribuye siete hechos correspondientes a meses de 2020 y 2021, con retenciones previsionales que no habrían sido ingresadas dentro del plazo legal. La documentación reconstruida estima un monto de $128,7 millones. Para Sánchez, se imputan dieciséis hechos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, también por presuntos depósitos fuera de término. El dictamen destaca que, como presidentes y agentes de retención, podrían haber incumplido deberes con relevancia penal según la Ley 27.430.
La fiscalía considera acreditada la materialidad de los hechos y la participación penal de los acusados, y pidió el procesamiento bajo los artículos 45 y 55 del Código Penal. No reclamó medidas cautelares severas: sólo que ambos informen cambios de domicilio, ponderando arraigo y ausencia de antecedentes.
El frente judicial se suma a un contexto productivo atravesado por años de crisis, fallidos intentos de fideicomiso y conflictos gremiales que paralizaron plantas entre 2023 y 2024. Aun así, la cooperativa logró recomponer parte de su operación mediante acuerdos a fazón, reactivar líneas de quesos, crema, manteca y dulce de leche, y mostrar mejoras en facturación entre mayo y octubre.
Ahora, el foco del juzgado será determinar si existió una decisión administrativa con relevancia penal o si se trató de problemas de caja propios de una empresa en crisis. Si el procesamiento avanza, podrían venir embargos y una profundización de la investigación patrimonial; si no, la discusión quedará circunscripta al ámbito concursal y administrativo.
La resolución del juez federal de Rafaela definirá la situación procesal de Gastaldi y Sánchez, en un momento crítico para una Sancor que intenta sostener producción, empleo y presencia en un mercado lácteo de márgenes ajustados.
