El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de transporte interurbano por los pasajes gratuitos otorgados por ley a personas con discapacidad y otros grupos protegidos.
La medida fue establecida mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y alcanza a los beneficios contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, que incluyen a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Según el texto oficial, el derecho a viajar gratuitamente “permanece plenamente vigente y exigible”. Sin embargo, el Estado dejará de cubrir el costo de esos boletos, que ahora deberá ser absorbido exclusivamente por las empresas privadas de transporte de larga distancia.
Desde el oficialismo argumentaron que el esquema perdió sentido luego de la desregulación del sector impulsada por el Decreto 883/2024, que habilitó a las compañías a fijar libremente recorridos, frecuencias, precios y modalidades de servicio.
“La causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”, sostiene la resolución publicada en el Boletín Oficial.
La decisión generó preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad. Marianela Tureso, integrante de TGD Padres, aseguró que la medida “no sorprende” y cuestionó el impacto sobre los derechos adquiridos.
“Las empresas no van a querer brindar los pasajes y no vamos a conseguir lugares para viajar a otras provincias”, sostuvo.
La referente explicó que el sistema contemplaba tanto el transporte urbano como el de larga distancia. Mientras el primero depende de cada jurisdicción provincial o municipal, el segundo podía gestionarse a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Según detalló, algunas provincias como Córdoba, Entre Ríos y Corrientes ya comenzaron a restringir el acceso al beneficio en distintos servicios.
Desde organizaciones sociales y de familiares anticiparon que impulsarán reclamos y medidas de visibilización para exigir el cumplimiento efectivo de las leyes nacionales que garantizan la gratuidad del transporte.
