Fallo judicial

La Justicia suspendió por seis meses la reestructuración del INTA y frenó despidos y cierres

Un juzgado federal hizo lugar a una presentación de ATE y ordenó detener la aplicación del plan impulsado por las autoridades del organismo. La medida alcanza cierres de dependencias, traslados de personal y la transferencia de inmuebles.

La Justicia Federal ordenó suspender por seis meses la aplicación del plan de reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una iniciativa que contemplaba el cierre de dependencias, la reducción de áreas operativas y posibles despidos de trabajadores.

La decisión fue adoptada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La medida cautelar suspende de manera inmediata la Resolución 20/2026, promovida por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, que formaba parte del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional.

Entre los puntos más cuestionados del plan figuraban el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la eliminación de nueve agencias territoriales y la transferencia de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Al fundamentar su resolución, el magistrado señaló que la normativa presenta indicios de arbitrariedad e ilegalidad, debido a la falta de fundamentos suficientes, el uso de normas cuya vigencia fue puesta en duda y posibles contradicciones con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Además, el fallo advirtió que las medidas podrían generar impactos sobre el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, el empleo y la estabilidad laboral dentro del Estado.

Como consecuencia de la cautelar, el INTA no podrá avanzar con la eliminación de dependencias y funciones, los traslados de trabajadores, los pases a disponibilidad, las desvinculaciones de personal técnico ni con la transferencia, venta o subasta de bienes inmuebles y equipamiento hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.