El Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe rechazó la acción de amparo colectivo que pretendía suspender la licitación de la Hidrovía Paraguay–Paraná hasta que el Estado nacional realizara una evaluación ambiental estratégica sobre toda la cuenca del río Paraná.
La sentencia fue firmada el 5 de junio por el juez federal Gastón Salmain, quien concluyó que no se acreditó una “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” por parte del Estado nacional en el desarrollo del procedimiento.
De esta manera, la Justicia desestimó tanto el pedido de suspensión del Decreto 709/2024 como la solicitud de inconstitucionalidad del DNU 699/2024, normativa que declaró servicio público las actividades de dragado, redragado, señalización, balizamiento y control hidrológico de la vía navegable.
Respaldo al proceso licitatorio
La resolución representa un respaldo judicial para la continuidad de la licitación impulsada por el Gobierno nacional sobre la principal ruta fluvial utilizada para las exportaciones argentinas.
En su fallo, Salmain sostuvo que la acción de amparo requiere demostrar una ilegalidad manifiesta y señaló que las diferencias de criterio técnico o ambiental no son suficientes para justificar una suspensión judicial.
“La arbitrariedad o ilegalidad exigida por el artículo 43 de la Constitución Nacional debe ser manifiesta”, afirmó el magistrado.
Además, remarcó que la protección ambiental no implica sustituir las funciones de la administración pública.
“La protección ambiental no exige que el juez administre. Exige que controle”, señaló en uno de los pasajes centrales de la sentencia.
Desarrollo y ambiente
Los demandantes reclamaban que se realizara una Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica y Acumulativa sobre toda la cuenca del Paraná antes de continuar con el proceso licitatorio.
Sin embargo, el juez consideró que el planteo excedía los alcances propios de la acción de amparo y recordó que la Constitución Nacional promueve un modelo de desarrollo sostenible.
En ese sentido, sostuvo que el desafío consiste en compatibilizar infraestructura, producción y comercio exterior con la protección ambiental.
También destacó la relevancia estratégica de la hidrovía para la economía argentina y advirtió sobre las consecuencias institucionales que tendría una eventual paralización integral del proyecto.
La licitación entra en su etapa decisiva
El fallo se conoció mientras el proceso de concesión transita su tramo final.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación abrió recientemente las ofertas económicas de los dos consorcios que continúan en competencia:
- Jan De Nul, asociada con Servimagnus.
- DEME.
Según trascendió, ambas propuestas económicas presentaron valores muy similares y se ubicaron dentro de los parámetros mínimos previstos en los pliegos.
Posteriormente, el Gobierno nacional difundió el dictamen de preadjudicación que recomienda otorgar la concesión al consorcio Jan De Nul–Servimagnus, abriendo ahora una instancia destinada a eventuales impugnaciones antes de la adjudicación definitiva.
Observaciones de la PIA
Durante el proceso también surgieron cuestionamientos por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que había señalado posibles irregularidades y observaciones vinculadas a la transparencia de la licitación.
No obstante, Salmain consideró que esos planteos poseen relevancia institucional, pero aclaró que no constituyen por sí mismos una prueba de ilegalidad manifiesta capaz de justificar la suspensión judicial del procedimiento.
Con esta resolución, el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay–Paraná continúa avanzando hacia su definición, en medio de un debate que combina intereses económicos, ambientales y estratégicos para el comercio exterior argentino.
