El futuro de la Ley Tajani quedó ahora en manos de la Justicia europea. La Corte Constitucional de Italia decidió no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma que limitó la transmisión de la ciudadanía italiana a hijos y nietos de ciudadanos italianos y trasladó el debate al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La decisión, plasmada en la Ordenanza N° 147/2026, abre una nueva etapa judicial en torno a una reforma que generó un fuerte debate desde su entrada en vigor y que afecta a miles de descendientes de italianos, especialmente en países como Argentina y Brasil.
El eje del conflicto es la aplicación retroactiva de la ley. Antes de la reforma, la ciudadanía italiana podía transmitirse sin límite de generaciones, siempre que se acreditara el vínculo de filiación y que el ancestro italiano no hubiera adquirido otra nacionalidad antes del nacimiento de sus descendientes.
Camila Taborda, CEO y fundadora de Mi Ciudadanía Europea, explicó que la discusión se centra en si una modificación legal puede afectar un derecho adquirido con anterioridad. “Uno nace siendo italiano”, sostuvo la especialista, al considerar que la ciudadanía por descendencia no debería perderse por una reforma posterior.
La controversia comenzó en marzo de 2025, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, impulsó mediante un decreto la modificación que restringió el acceso a la ciudadanía a solo dos generaciones. Desde entonces, la medida recibió cuestionamientos por parte de especialistas en derecho, quienes sostienen que la norma podría vulnerar principios jurídicos vinculados a la irretroactividad de la ley.
La decisión de la Corte Constitucional de recurrir al TJUE refleja la complejidad del caso y su alcance internacional. Mientras se espera una resolución, distintos tribunales italianos adoptaron criterios diferentes: algunos suspendieron las causas hasta contar con una definición europea, mientras que otros rechazaron solicitudes basándose en interpretaciones de la nueva normativa.
Esta falta de uniformidad mantiene un escenario de incertidumbre para quienes iniciaron o evalúan iniciar un reclamo judicial. Según Taborda, promover hoy una demanda para obtener la ciudadanía implica asumir un riesgo, ya que no existe ninguna garantía sobre el resultado final mientras el conflicto permanezca sin resolver.
Pese a ello, la especialista destacó que el interés por obtener la ciudadanía italiana trasciende el aspecto administrativo, ya que en muchos casos responde al deseo de preservar el vínculo con las raíces familiares y mantener viva la historia de los antepasados.
En ese contexto, recomendó a los descendientes de italianos seguir de cerca la evolución de los procesos judiciales, mantenerse informados sobre los cambios normativos y buscar asesoramiento especializado antes de avanzar con cualquier trámite.
La resolución que adopte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será determinante, ya que establecerá si la Ley Tajani es compatible con los tratados comunitarios y marcará el rumbo de miles de expedientes vinculados al reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia.
