La reactivación del debate sobre la Ley de Tierras volvió a generar posiciones encontradas dentro del sector agropecuario. Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), el delegado ante el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gustavo Sutter Schneider, aseguró que se trata de una discusión “política y compleja” y defendió la necesidad de establecer reglas claras tanto para la inversión extranjera como para la producción nacional.
El dirigente explicó que la postura consensuada en CRA es volver a un esquema similar al de la normativa de 2012, eliminando la modificación que impedía modificar el uso de un campo incendiado durante 50 años. Además, respaldó la prohibición de que Estados extranjeros o empresas con participación estatal de otros países puedan adquirir tierras en Argentina.
No obstante, advirtió que dentro de la propia entidad existen diferencias de criterio, ya que las restricciones impactan de manera distinta según la región. “No es lo mismo la Pampa Húmeda que las zonas de frontera. Allí muchos productores consideran injustificado no poder vender un campo solo por su ubicación”, señaló.
Críticas al RIGI y a las ventajas impositivas
Uno de los principales cuestionamientos de Sutter Schneider apuntó al vínculo entre la flexibilización para la compra de tierras y los beneficios fiscales previstos en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El representante de CARSFE sostuvo que el problema no pasa únicamente por el origen del capital, sino por las diferencias tributarias entre quienes ingresan bajo esos regímenes y los productores que ya desarrollan su actividad en el país.
En ese sentido, afirmó que las inversiones deben competir bajo las mismas condiciones impositivas, sin privilegios que generen distorsiones en el mercado. “Lo importante es que la tierra produzca y que todos tributen de la misma manera”, remarcó.
Reclamo por reglas claras sobre la propiedad
El dirigente también hizo referencia al reparto de competencias entre la Nación y las provincias sobre los recursos naturales y consideró indispensable unificar el concepto de propiedad privada para evitar interpretaciones diferentes según cada jurisdicción.
Como ejemplo, mencionó el caso de la Patagonia, donde el monte nativo pertenece a las provincias y no al propietario del establecimiento, una situación que —afirmó— resulta difícil de comprender para muchos productores de otras regiones del país.
Finalmente, Sutter Schneider llamó a dar un debate objetivo en el Congreso, dejando de lado las posturas emocionales o nacionalistas. A su entender, el desafío es construir una legislación que preserve la soberanía sobre la tierra, promueva las inversiones y garantice igualdad de condiciones para todos los actores del sector agropecuario.
