La iniciativa de la Corte Suprema busca reforzar la transparencia y priorizar el mérito por sobre criterios subjetivos. El Consejo de la Magistratura abrió el debate con posiciones divididas y surgieron críticas por la falta de paridad de género.
Quince universidades de distintas regiones del país respaldaron públicamente el nuevo reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026. En un comunicado conjunto, rectores y decanos destacaron la necesidad de perfeccionar el sistema de selección y fortalecer la transparencia, al tiempo que instaron a las autoridades a avanzar con su tratamiento.
El documento —firmado por representantes de universidades privadas— subraya que la calidad del sistema judicial depende en gran medida de la formación y el nivel de quienes lo integran. En ese sentido, valoraron que la propuesta coloque en el centro del proceso la excelencia académica, la capacitación continua y la formación profesional como criterios determinantes.
Los firmantes advirtieron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un esquema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”. También remarcaron la importancia de contar con reglas claras y evaluaciones objetivas que garanticen previsibilidad y procesos basados en el mérito.
Las autoridades universitarias, además, llamaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento “rápido e integral” a la propuesta, al considerar que su implementación implicaría un avance concreto en el funcionamiento del sistema de justicia.
El comunicado lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de La Plata, Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.
Posturas encontradas
El Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma con posiciones divididas entre quienes impulsan su aprobación inmediata y quienes reclaman un análisis más amplio.
Las comisiones de Reglamentación y Selección se reunieron de manera conjunta para comenzar a analizar la acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que propone una modificación integral del régimen de concursos para jueces federales.
Durante el encuentro surgieron tres posturas: un sector que promueve avanzar sin demoras, otro que pide incorporar proyectos propios del Consejo y un tercero que advierte sobre el contexto político e institucional en el que se discute la iniciativa.
La propuesta
La Acordada 4/2026 establece un esquema de más de 100 artículos que redefine el sistema de concursos judiciales. Introduce dos modalidades: concursos anticipados —como regla general, con hasta ocho cargos y sin necesidad de vacante previa— y concursos especiales como excepción.
El nuevo esquema prevé una prueba de oposición en dos etapas: una instancia general con 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas de un banco de 2.000, con corrección automatizada, y una instancia práctica con resolución de casos y redacción de sentencias, bajo anonimato y con sistemas auditables.
También redefine la ponderación de antecedentes —con un máximo de 100 puntos— y limita el peso de la entrevista personal a 20 puntos sobre un total de 200, reduciendo así la incidencia de evaluaciones subjetivas.
En sus fundamentos, la Corte señaló la necesidad de reforzar “la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema”, y advirtió que el esquema vigente favorece en algunos casos el recorrido burocrático por sobre el mérito académico real.
Sin paridad de género
La reforma también generó cuestionamientos por la ausencia de mecanismos obligatorios de paridad de género. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) presentó una nota ante el Consejo en la que expresó su “profunda preocupación”.
La entidad advirtió que el nuevo reglamento elimina la obligación de incluir mujeres en las ternas, lo que implica un retroceso respecto del régimen vigente, que contemplaba herramientas concretas para garantizar la participación femenina.
Según AMJA, trasladar la cuestión de género a criterios generales sin mecanismos específicos reduce la eficacia de las políticas de igualdad en un momento clave del proceso de selección.
La organización también recordó que impulsa un proyecto de ley para evitar la conformación de tribunales integrados exclusivamente por personas de un mismo género, en línea con el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional.
Finalmente, la entidad subrayó que la subrepresentación femenina en los niveles superiores del Poder Judicial —conocida como “techo de cristal”— es una realidad estructural que no puede ser ignorada al momento de diseñar reformas institucionales.
