En el Salón Metropolitano de Rosario, el gobierno de Santa Fe llevó adelante la quinta subasta de bienes incautados al delito, en una jornada que reunió a 5.411 participantes de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento incluyó la puja por 150 lotes, entre los que se destacaron un avión, autos, motos y diversos objetos.
“Perseguimos el delito, encarcelamos a los delincuentes y les quitamos los bienes para devolverlos a la sociedad”, afirmó Pullaro, quien definió esta herramienta como una política pública clave para “vivir en orden y en paz”. El mandatario sostuvo que Rosario pasó de ser observada con preocupación a ganar respeto, al evidenciar una baja en los niveles de violencia y delito.
La iniciativa es impulsada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), y forma parte de un enfoque integral de seguridad. En ese marco, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, subrayó que los fondos obtenidos buscan debilitar a las organizaciones criminales y reforzar el mensaje de que “no hay impunidad”.
Por su parte, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que Santa Fe es la única provincia que implementa este tipo de subastas de forma sistemática, integrándolas a un esquema que combina prevención, investigación y desapoderamiento de activos.
El intendente rosarino, Pablo Javkin, remarcó que “cuidar a la gente implica hacer valer la ley y quitar el dinero mal habido”, y definió la política como un abordaje completo para cortar el circuito del delito.
En las cuatro ediciones anteriores, la Provincia recaudó más de 3.589 millones de pesos. Esos recursos fueron destinados a reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad, consolidando el objetivo de darles un uso social a los bienes decomisados.
El proceso cuenta con estrictos controles de seguridad: los inscriptos deben pasar verificaciones para descartar vínculos con organizaciones criminales, y en el caso de los vehículos subastados, se garantiza el cambio de patente para eliminar cualquier relación con sus antiguos propietarios.
Además del impacto económico, la jornada incluyó un componente educativo, con la participación de estudiantes de escuelas técnicas que colaboraron informando a los asistentes sobre los lotes.
La política de subastas se consolida así como uno de los ejes del plan de seguridad provincial, orientado no solo a sancionar el delito, sino también a recuperar activos y reintegrarlos a la comunidad.
