La discusión legislativa sobre los cuidacoches en Santa Fe sumó un actor de peso: la Arquidiócesis de Rosario. A través de una carta fechada el 16 de abril, la Pastoral Social pidió a los legisladores provinciales no avanzar con una prohibición generalizada y planteó la necesidad de una respuesta más integral.
El documento advierte que no todas las situaciones bajo la figura de “cuidacoches” son iguales. Por un lado, menciona a personas que ofrecen servicios de manera voluntaria en un contexto de necesidad; por otro, reconoce casos donde hay coerción, amenazas o extorsión, que sí requieren intervención y sanción estatal.
Desde esa mirada, la Iglesia sostiene que equiparar ambas realidades implicaría una injusticia. Señala además que muchas personas desarrollan esta actividad por falta de alternativas laborales, en un escenario marcado por el desempleo y la informalidad.
En ese marco, la Pastoral Social advierte que una prohibición total no resolvería el problema, sino que podría desplazarlo hacia zonas con menor control y profundizar la conflictividad. También recuerda que los delitos asociados —como amenazas o daños— ya están contemplados en la legislación vigente, por lo que el foco debería estar en su correcta aplicación.
Como alternativa, propone registrar, ordenar e identificar la actividad, junto con reglas claras de funcionamiento. A esto suma la necesidad de políticas públicas de inclusión, capacitación y acceso al empleo, orientadas a quienes hoy dependen de esta tarea para subsistir.
El planteo también sugiere que, en caso de avanzar con restricciones, se implementen de forma gradual, con relevamientos previos y dispositivos estatales activos que acompañen la transición.
Además, el texto pone el acento en que la acción del Estado debe concentrarse en organizaciones que ejercen violencia o explotación, especialmente en eventos masivos, y no en una criminalización general de prácticas que no implican daño por sí mismas.
Con esta intervención, la Iglesia rosarina incide en un debate que ya genera divisiones políticas y sociales, y deja un mensaje claro: la salida no pasa solo por prohibir, sino por diferenciar, sancionar lo delictivo y ofrecer alternativas reales dentro de la economía formal.
