Funcionarios del gobierno de Chile visitaron este martes las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de máxima seguridad que construye la Provincia de Santa Fe en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero, y señalaron que el proyecto podría convertirse en una referencia para futuras iniciativas penitenciarias en el país vecino.
La recorrida estuvo encabezada por la secretaria de Asuntos Penales provincial, Lucía Masneri, junto al secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y el titular de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone. La comitiva chilena estuvo integrada por representantes de la Embajada de Chile y funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Justicia y Derechos Humanos.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los visitantes fue el tiempo previsto para finalizar la obra: apenas 18 meses. En Chile, según explicaron, una cárcel tradicional puede demandar entre cinco y siete años de construcción.
“Nos sorprendió el plazo de construcción, porque las cárceles tradicionales suelen demandar entre cinco y siete años. Es un tiempo muy extenso para gobiernos presidenciales que duran cuatro años y, además, tenemos una sobrepoblación penitenciaria que crece día a día”, sostuvo Loreto González, representante de la División de Presupuesto, Planificación e Infraestructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos chileno.
La funcionaria remarcó además que el interés de la delegación estuvo puesto “en la rapidez de ejecución y en el modelo de segmentación de la población penal”.
La nueva unidad penitenciaria forma parte del esquema de seguridad impulsado por el gobierno santafesino para alojar a detenidos de alto perfil y referentes de organizaciones criminales. La inversión supera los 143.000 millones de pesos y la inauguración está prevista para mayo de 2027. El complejo tendrá capacidad para 1.152 internos.
Durante la visita, Masneri explicó que el diseño apunta a limitar el contacto entre los detenidos y evitar la consolidación de estructuras criminales dentro del penal.
“Esta unidad se caracteriza por intentar separar a los internos entre sí. Tendrá 1.152 plazas y quienes estén vinculados con bandas criminales serán clasificados en grupos de 12”, indicó.
La funcionaria también detalló las características del muro perimetral, que tendrá nueve metros de altura y estará diseñado tanto para impedir ataques externos como para garantizar la circulación interna dentro del complejo. “El ingreso será siempre de manera controlada”, aseguró.
Por su parte, Díaz destacó el interés internacional que despierta la obra y consideró que puede servir de inspiración para otros países de la región. “Es importante que otros lugares puedan tomarla como referencia para abordar desafíos tan relevantes para América Latina como la seguridad y el combate a los delitos transnacionales”, afirmó.
En la misma línea, Leone explicó que el método constructivo utilizado permite acelerar los tiempos de ejecución respecto de una cárcel tradicional, uno de los aspectos que despertó mayor interés en la delegación chilena.
