Tras meses de tensión por el financiamiento de las universidades públicas, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un acuerdo salarial y presupuestario que busca descomprimir el conflicto, aunque sin cerrar el frente judicial abierto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El entendimiento contempla una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre.
Según se informó, la mejora salarial busca compensar parcialmente la pérdida acumulada en los últimos años e incluye puntos pendientes correspondientes a 2024 y 2025, además de una actualización por el deterioro registrado hasta mayo de este año.
Pese al acuerdo, las universidades ratificaron que mantendrán la demanda ante la Corte Suprema, donde continúa en análisis la situación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y aún sin aplicación efectiva.
Además de la recomposición de haberes, el acta firmada entre las partes incorpora el compromiso oficial de evitar que los salarios universitarios sigan perdiendo frente a la inflación durante 2026.
El acuerdo también prevé un aumento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
A ello se suma una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios, uno de los sectores que venía reclamando mayores recursos para garantizar su funcionamiento.
Otro de los puntos abordados fue la situación salarial de los docentes de establecimientos preuniversitarios, uno de los segmentos más afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La discusión alcanza tanto a trabajadores docentes como no docentes, cuyos representantes sindicales reclaman la reapertura de negociaciones paritarias formales para definir una solución integral.
En ese sentido, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se mostraron cautelosos respecto del entendimiento alcanzado y advirtieron que todavía esperan una convocatoria oficial para discutir las condiciones salariales en una mesa paritaria.
La disputa judicial, sin embargo, sigue siendo el principal foco de conflicto. La causa por la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente permanece suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que la norma sancionada por el Congreso carece de una fuente de financiamiento claramente identificada y, por lo tanto, considera que su aplicación resulta incompatible con las normas de administración financiera vigentes.
La decisión definitiva quedó en manos de la Corte Suprema, que aún no fijó plazos para resolver el expediente.
Mientras tanto, las universidades mantienen el estado de alerta y continúan impulsando acciones para reclamar una definición judicial. En las últimas semanas hubo clases públicas frente al Palacio de Justicia y medidas de protesta en colegios preuniversitarios, donde estudiantes y docentes manifestaron su preocupación por la situación presupuestaria del sistema educativo.
