El Gobierno nacional modificó el esquema de compensación de la tarifa social del transporte y estableció un nuevo criterio que tendrá impacto en las cuentas de provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
La medida mantiene el beneficio del 55% de descuento para los usuarios alcanzados, pero cambia la forma de cálculo: a partir de ahora, la compensación se aplicará sobre una tarifa de referencia fijada al 30 de junio de 2026, sin actualización automática ante nuevos aumentos locales.
Hasta ahora, cuando una jurisdicción incrementaba el valor del boleto, el aporte nacional se ajustaba sobre la nueva tarifa vigente. Con el nuevo esquema, ese mecanismo queda suspendido y cualquier aumento definido por gobiernos provinciales o municipales no será acompañado automáticamente por mayores fondos nacionales.
Más presión sobre las cuentas locales
En la práctica, si una provincia o municipio decide aumentar el pasaje, deberá optar entre absorber la diferencia con recursos propios o trasladar parte del incremento a los usuarios beneficiarios de la tarifa social.
Desde Nación explicaron que la decisión apunta a contener el gasto público y evitar que los aumentos tarifarios definidos en cada distrito tengan un impacto directo sobre el Tesoro nacional.
Para quienes reciben la tarifa social, el cambio no implica una modificación inmediata del beneficio. Sin embargo, el descuento efectivo podría reducirse si las jurisdicciones no compensan con fondos propios la diferencia generada por futuras subas.
Qué sectores mantienen el beneficio
La tarifa social alcanza a distintos grupos, entre ellos jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo, beneficiarias de la Asignación por Embarazo, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, personas con seguro de desempleo y titulares de Pensiones No Contributivas.
La resolución también contempla a usuarios del sistema ferroviario, aunque el impacto sería menor debido a que los trenes urbanos continúan bajo administración nacional.
Las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires seguirán teniendo la facultad de crear descuentos, gratuidades o beneficios adicionales, pero deberán financiarlos con sus propios recursos.
El cambio se inscribe dentro de la estrategia oficial de reordenamiento de subsidios, reducción de transferencias automáticas y separación entre las decisiones tarifarias locales y el financiamiento nacional.
