La sostenibilidad del sistema previsional argentino enfrenta crecientes dificultades por la baja capacidad contributiva de una parte importante de los trabajadores. Así lo sostiene un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, que concluye que se necesitan 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, frente a apenas 3,5 trabajadores en relación de dependencia.
El trabajo, elaborado por Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, atribuye esta situación a la combinación de altos niveles de informalidad laboral y un crecimiento sostenido del monotributo, un régimen que aporta significativamente menos recursos al sistema previsional que el empleo asalariado formal.
Según el informe, el 44% de los ocupados trabaja en la informalidad, lo que representa más de nueve millones de personas que no realizan aportes previsionales. A ese escenario se suma el aumento del número de monotributistas, cuya participación entre los aportantes pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026.
Los especialistas remarcan que la diferencia en el nivel de aportes es uno de los principales factores que explican el deterioro del financiamiento previsional. Mientras un trabajador asalariado aporta, en promedio, el 11,2% de sus ingresos, un monotributista contribuye apenas con el 1,1%, lo que reduce significativamente los recursos disponibles para sostener las prestaciones.
La brecha también se observa en otros beneficios previsionales. El estudio indica que para financiar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se requieren 15,4 monotributistas, mientras que alcanza con 1,6 trabajadores registrados.
Los autores advierten que el fuerte crecimiento del monotributo modificó la estructura de financiamiento del sistema, ya que desde 1998 la cantidad de inscriptos bajo ese régimen aumentó un 331%. Además, destacan que más de la mitad de los monotributistas se concentra en la Categoría A, la de menor nivel de aportes.
En ese contexto, el informe sostiene que la sostenibilidad del sistema ya no depende únicamente del envejecimiento poblacional, sino también de la capacidad efectiva de recaudar aportes suficientes para financiar las jubilaciones y pensiones vigentes.
Mientras tanto, el Gobierno nacional ratificó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) su intención de impulsar una reforma previsional, aunque aclaró que no enviará un proyecto al Congreso antes de las elecciones presidenciales de 2027.
Según trascendió, el Ejecutivo considera que una reforma de ese tipo requiere mayor respaldo político y consenso legislativo, por lo que su tratamiento quedaría condicionado a un eventual segundo mandato del presidente Javier Milei.
