Una nueva polémica se abrió en Ybarlucea tras la difusión de documentación que, según denuncian vecinos de la localidad, demostraría que los radares instalados sobre la Ruta Nacional 34 no cuentan con la habilitación requerida por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La abogada y vecina de la comuna, Mariela Capilla, afirmó que la información surge de una respuesta oficial obtenida a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD), en el marco de un pedido realizado bajo la Ley de Acceso a la Información Pública.
Según sostuvo, la documentación remitida por la ANSV indicaría que los dispositivos de control de velocidad ubicados dentro de la jurisdicción comunal carecen de autorización nacional, una situación que podría poner en cuestión la validez de las infracciones labradas mediante esos equipos.
Reclaman información a la comuna
Ante este escenario, Capilla adelantó que junto a otros vecinos impulsará una presentación formal para solicitar explicaciones a las autoridades comunales.
Entre los puntos que pretenden esclarecer figuran quién autorizó la instalación de los radares, qué empresa o entidad se encarga de su mantenimiento y cuál es el destino de los recursos obtenidos a través del cobro de multas.
La letrada también cuestionó la falta de respuestas oficiales a diversos pedidos de información pública realizados por habitantes de la localidad.
“No sabemos la cantidad de empleados públicos que tiene la comuna, desconocemos cuáles son los salarios y tampoco se presentan los balances”, señaló, al remarcar que existen expedientes administrativos abiertos para acceder a esa documentación.
Qué podría ocurrir con las multas
Respecto de los conductores que ya abonaron infracciones detectadas por los radares, Capilla consideró que podrían existir fundamentos para reclamar la devolución de los importes pagados si se comprobara la falta de habilitación correspondiente.
No obstante, aclaró que antes resulta necesario determinar bajo qué autorización fueron instalados los dispositivos y cuál es la situación administrativa de los controles.
En el caso de quienes mantienen multas pendientes, recomendó realizar presentaciones formales cuestionando la validez de las actas hasta tanto se esclarezca el marco legal de funcionamiento de los equipos.
También cuestionan desarrollos urbanísticos
Las críticas planteadas por la abogada no se limitan al sistema de control vial. Según indicó, también existen objeciones sobre distintos emprendimientos inmobiliarios desarrollados en la localidad.
Entre ellos mencionó proyectos impulsados por Grupo Roma, como los barrios Naranjos I, Naranjos II y Madero, que —según sostuvo— habrían recibido autorizaciones sin contar con la totalidad de las habilitaciones ambientales e hídricas requeridas.
Hasta el momento, la comuna de Ybarlucea no se pronunció públicamente sobre los cuestionamientos planteados por los vecinos ni sobre el contenido de la respuesta emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
