El Gobierno dio marcha atrás con uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y decidió retirar el capítulo que modificaba la ley de Tierras, con el objetivo de garantizar los votos necesarios para que la iniciativa avance en el Senado.
La decisión fue acordada durante una reunión encabezada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a representantes de los bloques aliados. El capítulo que proponía flexibilizar las restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros quedó fuera del proyecto, mientras que el resto de la iniciativa será tratado en la sesión prevista para este jueves.
El cambio de estrategia se produjo luego de que varios gobernadores aliados retiraran su apoyo a la propuesta. Entre quienes manifestaron públicamente su rechazo estuvieron los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de otros legisladores que consideraron insuficientes las modificaciones introducidas por el oficialismo para intentar alcanzar un consenso.
Desde el entorno de Bullrich explicaron que la prioridad fue preservar el respaldo del bloque de 44 senadores que habitualmente acompañan al oficialismo. “La decisión fue tomada en conjunto para mantener la unidad de cara a las leyes que vienen”, señalaron fuentes parlamentarias.
El proyecto llegará al recinto sin el polémico capítulo 3, mientras que el debate sobre una eventual reforma de la ley de Tierras quedó postergado y, en caso de retomarse, deberá impulsarse mediante una nueva iniciativa del Poder Ejecutivo.
Qué contempla el proyecto
Más allá de la eliminación del capítulo sobre tierras, la ley mantiene una serie de modificaciones vinculadas a la protección de la propiedad privada.
Entre ellas, introduce cambios en la ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones temporales que impedían modificar el uso de terrenos afectados por incendios, aunque mantiene la obligación de realizar tareas de restauración ambiental.
Además, amplía las herramientas para agilizar desalojos, permitiendo que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo pueda solicitar la restitución de un inmueble cuando el juez considere verosímil el reclamo. También establece un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional cuando existan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
En materia de expropiaciones, el texto propone una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública, incorpora la posibilidad de indemnizar el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y fija un límite máximo de 90 días para los casos de ocupación temporaria de inmuebles.
En paralelo, la sesión también podría incluir un debate sobre la participación remota de senadores, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel habilitara por decreto el pedido de Anabel Fernández Sagasti y del radical Flavio Fama para intervenir de manera virtual, una decisión que generó un nuevo foco de tensión entre el oficialismo y la conducción del Senado.
