En el marco de la criminalidad sin escalas que atraviesa la ciudad y la falta de eficiencia estatal para ponerle un freno a la violencia armada y al narcotráfico, este miércoles a las 18 30 horas se realizará el Foro Regional Rosario bajo la temática “El rol del sector privado en la seguridad”.
En él, expondrán Anibal Pineda, juez de la Cámara Federal de Apelaciones quien advirtió que los empresarios serán los próximos perjudicados en esta ola de violencia imparable y autoridades mexicanas especializadas en Seguridad, entre otros invitados.
Uno de ellos, Miguel Garza, director ejecutivo de Insyde México, una organización de sociedad civil que hace reformas policiales, prevención de la violencia, acompaña instituciones de Seguridad y Justicia para que haya fortalecimiento institucional, habló al respecto con CNN Radio Rosario.
El entrevistado explicó en detalles un caso de éxito que se viene llevando adelante en varios estados mexicanos muy golpeados por la violencia donde los empresarios pasan a ser protagonistas y crean políticas de seguridad junto con el Estado en vez de esperar a que el gobierno tome las decisiones por sí solo: “La clave es que los empresarios participen de manera activa. En México tenemos problemas graves de extorsión a empresarios chicos y grandes. Ellos han mostrado sostenibilidad”.
En efecto, Garza describió la dinámica: “Los empresarios proponen al gobierno gravar una tasa sobre el impuesto que ya pagan para un fideicomiso que lo manejan los empresarios y el gobierno. De esta forma, la sociedad toma primordialmente las decisiones representando al pueblo. El recurso que ellos recolectan lo destinan a organizaciones de la sociedad civil especializadas que hacen reformas policiales. Ellos pueden decidir acciones para mejorar los procesos de las fiscalías, los seguimientos en la policía e invertir en instalaciones de la policía mejorando su comunicación”.
“Lo más importante es que hacen presión social y pueden influir sobre las decisiones incluso sobre quién dirige la policía, cómo diseñar las políticas públicas en seguridad. También opinan sobre mejorar denuncias y que se reduzca la impunidad. Dialogan con gobernadores y alcaldes sobre los mandos policiales. Se han vuelto un actor clave”, agregó.
En tanto a la efectividad de la medida, manifestó: “En algunos estados la cantidad que recuperan son 600 millones de dólares al año, solo para prevención del delito, reforma policial y fortalecimiento institucional. Da mucha confianza. La gente ve muy bien la figura porque sabe que la participación empresaria es más grande que la de funcionarios. La policía lo recibe muy bien, lo han tomado como un aliado”.
