En el marco de la criminalidad sin escalas que atraviesa la ciudad y la falta de eficiencia estatal para ponerle un freno a la violencia armada y al narcotráfico, este miércoles se realizó la charla – debate “El rol del sector privado en la seguridad”, organizada por el Foro Regional Rosario bajo la temática.
En ese marco, expusieron Aníbal Pineda, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Miguel Garza, director ejecutivo de Insyde México, una organización de sociedad civil que hace reformas policiales, prevención de la violencia, acompaña instituciones de Seguridad y Justicia para que haya fortalecimiento institucional, y Arturo Luján Olivas, presidente de Ficosec, una fundación de empresarios del estado mexicano de Chihuahua que colabora en el combate contra la violencia.
Durante su presentación, Pineda remarcó que “estamos en una situación extrema de crisis de inseguridad. Y todos los días nos sorprende un hecho puntual, como ayer una balacera contra una cárcel. Y si hablamos de estadísticas, porque triplicamos la media nacional de homicidios y la cuadriplicamos en los últimos 10 años”.
No obstante, reconoció que “también, las crisis son una oportunidad para cambiar y no hacer lo mismo que no llevó hasta aca”.
Y al respecto, explicó: “Estamos en un momento bisagra, y si todos no nos comprometemos, los distintos actores institucionales, como el empresariado, los medios de comunicación el Poder Judicial, la sociedad civil, desgraciadamente de consolidarse el crimen organizado, como está pasando en nuestra jurisdicción, Y sobre todo, a quienes más les va a cambiar las reglas de juego es al empresariado”.
En esa línea, el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, sostuvo que precisamente el sector empresario “tendría que ser uno de los más interesados en cambiar la lógica del Estado con la inseguridad. Sin dudas de consolidarse el crimen organizado en nuestra jurisdicción a quienes más les va a cambiar las reglas de juego va a ser a los empresarios. Primero, porque van a tener que modificar muchas conductas diarias, como la seguridad personal”.
Pero también, “esto que se está dando en muchos barrios de la región donde el crimen organizado le cobra por protección, peaje o por extorsiones a los comerciantes, eso que pasa en los barrios periféricos de la ciudad, se va a trasladar a los grandes empresarios. Es imposible pensar que se van a conformar con hacerlo con el pequeño comerciante, y no hacerlo con el gran empresariado, que va a tener que pagar ese peaje”, amplió.
Además, comentó que “en unos años, si el narco se termina de consolidar como un actor principal dentro de la sociedad, a su vez van a ir a disputarles sus negocios, como pasa en algunos rubros, y es el caso de las empresas constructoras, ya que el narco le va a salir a competir la licitación con algo que ellos tienen como es el monopolio de la fuerza. Eso significa que les van a decir ‘ese hospital lo voy a hacer yo’, y si no llegan a un acuerdo, les pueden balear la casa o el negocio”.
Otro supuesto, “es que le van a salir a comprar su negocio. Les van a decir ‘tu empresa me interesa’,y les van a terminar entregado la empresa por el monto que ellos digan, y se van a ir”, mencionó Pineda.
Además, consideró que “acá claramente fracasaron los distintos gobiernos, y en estos 10 años, tanto desde el gobierno municipal, provincial o nacional han pasado los principales partidos políticos y ninguno lo pudo solucionar”.
Punto sobre el cual expresó: “Los partidos tienen la carga de ir a elecciones cada dos años y eso impide mantener una política pública en el largo plazo, y ante la imposibilidad de dar esos resultados, se terminan cambiando las políticas, los ministros de Seguridad, en un círculo vicioso que volvemos a empezar cada dos o cuatro años”.
Y enfatizó que “la unica manera de poder cambiar esta lógica es que se debata un plan de seguridad a 10 años, cualquiera sea el gobierno en nación, provincia o municipio, y lo consensen los partidos mayoritarios”.
Respecto al contenido de ese plan, “la policía es parte del problema y parte de la solución, y para ello es necesario reformular la fuerza. Si bien es una tarea que puede llevar 3 años al menos, pero cambiar de jefes cada 6 meses no lleva a ningún lado”, puntualizó.
“También hay un mercado ilegal de drogas que genera mucho movimiento de dinero y tampoco hay estadísticas oficiales. De lo que se desprende de las investigaciones, hay un flujo de ingresos de 40 millones de pesos diarios. Por ejemplo, se desbarató una banda, que según sus registros, un día viernes o sábado facturaba un millón de pesos ese día, y todo lo que genera: comprar armas, sicarios. Y la pelea entre bandas, ya que ahí se entiende la violencia que se genera por la disputa de ese negocio”, analizó Pineda.
Y expresó que “además de cambiar la policía y de meter preso al narco, tenemos que debatir la problemática del narcotráfico, que tiene las mismas reglas que cualquier mercado, a mayor demanda, mayores ingresos, y más herramientas tienen para hacerse más poderoso”.
Y también propuso un abordaje a través de políticas de salud: “Ahora viene el debate del presupuesto provincial de 2023 y todos los partidos pueden consensuar que se creen 10 centros de rehabilitación de adictos. Porque a menos consumidores, menos recursos para el narco”, concluyó.
