El abogado del exministro de Seguridad Marcelo Sain, Hernán Martínez, confirmó que analiza realizar una presentación contra los fiscales Marcela Jiménez y Ezequiel Hernández por la difusión de audios privados. Entiende el letrado que hay una invasión a la intimidad, ya que los recortes que fueron filtrados a ciertos medios de comunicación no se relacionan con la causa por la que Jiménez y Hernández investigan a Sain, la de supuesto espionaje ilegal.
“Si es cierto que el audio se filtró desde Fiscalía es un acto de absoluta irresponsabilidad en el manejo de la información privada ajena al delito. Un fiscal debe tener responsabilidad en el enorme poder que le da la ley para inmiscuirse en la información que hay en un teléfono celular. Allí está toda la información de una persona. Entiendo que, en este caso, si la filtración viene de donde suponemos que viene, ha sido un acto de enorme irresponsabilidad”, sostuvo Martínez, quien admitió que evalúa medidas contra los fiscales que tienen a resguardo la información que contienen los teléfonos secuestrados a Sain y a otras personas que lo acompañaban en el Ministerio de Seguridad.
Jiménez y Hernández son los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Santa Fe que llevan adelante una investigación por supuesto espionaje ilegal que Sain y su equipo habrían realizado cuando estaban en funciones. No obstante, la causa no muestra ningún tipo de avance desde hace aproximadamente un año y medio.
En diálogo con Marcelo Fernández en el programa ‘Con sentido común’, que se emite por CNN Radio Rosario, Martínez confirmó que este martes presentó una medida cautelar para que “cese la intromisión en la vida privada”, ya que los audios de Sain difundidos en los últimos días pertenecen a su intimidad y no están relacionados con la causa de presunto espionaje ilegal. “No sabemos si fueron editados ni a qué responden, ni si en su momento se enviaron a un grupo o a una sola persona. La medida está presentada y estamos a la espera de la decisión judicial”, apuntó.
“Si a la Fiscalía le damos el poder de que someta a la opinión pública una conversación privada nos estamos metiendo en un terreno peligroso”, agregó el abogado, quien observó una maniobra cuanto menos extraña en el manejo de la información desde el MPA santafesino. “El 26 de noviembre del año pasado se secuestraron celulares y computadoras y se enviaron a Brasil para descargar la información. En teoría nadie más que la defensa y la querella debería acceder a esa información, por lo que los fiscales de la causa deben preservarla para que no se filtre. Pero eso no pasó”, advirtió.
Para Martínez, hay un “curso paralelo a la investigación que sucede en los medios de comunicación formando opinión pública, algo que es totalmente independiente de lo que ocurre en el plano formal de la denuncia”. Y añadió: “Hay, por fuera de la investigación, muchas repercusiones que exceden a la causa. Eso produce un grave perjuicio en la imagen y el nombre del doctor Sain”.
“Es grave que desde la Fiscalía se filtre información. El principal responsable de cuidar la información es el fiscal que lleva la causa; pero también hay una responsabilidad institucional del fiscal regional y en última instancia del fiscal general, que tiene formas de reglamentar para que se preserve la información”, expresó el letrado, quien luego apuntó otra curiosidad: “No es casualidad que uno de los querellantes sea el dueño del medio de comunicación en difundir primero los audios. Es una conclusión que cae por su propio peso”.
Martínez indicó que “se sienta un precedente peligroso dejando que un fiscal que secuestra un teléfono filtre información privada, ya sea audio, fotos o videos que no tienen que ver con la causa que investiga. Hoy en día un celular contiene prácticamente la vida entera de una persona”.
Por último, recordó que Sain se autodenunció en la Justicia federal para que lo investigaran por espionaje. “Hubo una resolución de un juez federal que consideró que no existe un solo elemento para vincularlo con espionaje, y ese fallo se sumó al legajo que tienen los fiscales provinciales. Al día de hoy no hay un solo elemento que indique algún incumplimiento sobre la ley de inteligencia de la Nación”, concluyó.
