Las automotrices Renault y Nissan suspendieron su actividad durante todo el jueves, como consecuencia de las demoras en la instrumentación en el nuevo sistema para autorización de importaciones. La actividad de las dos fábricas, que funcionan en un mismo predio en la provincia de Córdoba, se reanudaría el viernes. En otras automotrices señalaron que no descartan tener que suspender también sus actividades, por el mismo motivo. “Estamos trabajando al límite”, señalaron desde el sector.
“Con la implementación del nuevo sistema (de autorización de importaciones) SIRA, en Renault están trabajando para regularizar la provisión de piezas a Fábrica Santa Isabel a la brevedad”, dijeron fuentes cercanas a la automotriz francesa a Clarín.
El complejo industrial de Santa Isabel, en la capital cordobesa, comprende tanto la fábrica de autos y vehículos utilitarios de Renault (Sandero, Logan, Stepway y Kangoo) como una línea de montaje compartida para las pick ups medianas Nissan Frontier y Renault Alaskan.
“El miércoles el sistema del SIRA directamente colapsó. No funcionó en todo el día”, dijeron en otra terminal. En una cuarta empresa agregaron que, si bien ellos pudieron operar las solicitudes de importación de manera normal, temen que su operación termine paralizándose por el lado de los proveedores.
“El problema es que no les están aprobando a algunos de nuestros proveedores”, detallaron directivos de esa automotriz, que tiene una cadena de abastecimiento de más de medio centenar de autopartistas. Y agregó: “Da igual si las dificultades son con diez de las empresas o con una sola, ya que dependemos de todas para poder mantener activa la línea de producción”.
Este lunes, el Gobierno concretó la aplicación del sistema de importaciones (SIRA), en reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), creado en 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri. En el caso de las automotrices, la importación había sido automática bajo aquella gestión y pasó a ser no automática, monitoreada a través de las SIMI, a partir de diciembre de 2019.
El nuevo sistema contempla la intervención de la secretaría de Comercio, AFIP, Aduana y Banco Central, como ya ocurría con las SIMI, pero con mayor injerencia del Ministerio de Economía.
