El gobierno provincial tiene que seleccionar a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa de Santa Fe, cuyos mandatos vencen en 2023. Aunque para el ciudadano en general suene algo extraño y lejano, debe prestar atención a este proceso porque es algo que incide directamente en su vida: la gente que sea elegida es la que deberá ocuparse de combatir el delito en nuestra provincia… nada menos.
Los cargos que se renuevan son el de fiscal general (hoy ocupado por Jorge Baclini) y el de los cinco fiscales regionales, entre ellos el de Rosario, ejercido hoy por María Eugenia Iribarren de forma interina. Iribarren reemplazó al removido Patricio Serjal, acusado de recibir coimas para permitir el funcionamiento de una red de juego clandestino y por quien en la última semana pidieron 12 años de prisión. El otro cargo que se debe cubrir es el de la Defensoría General (ocupado por Jaquelina Balangione) y de cuatro defensores regionales.
Estos cargos se concursan; es decir, los interesados en ocuparlos deben inscribirse y luego someterse a la evaluación de un jurado integrado por cinco titulares y cinco suplentes. Este cuerpo evaluador está integrado por especialistas en Derecho Penal tanto de Santa Fe como de otras provincias. Hay dos cuerpos evaluadores: uno para la elección de los fiscales; y otro para la de los defensores. En total se anotaron 82 aspirantes para ocupar los cargos del MPA y 30 a los del Servicio Público de la Defensa.
El proceso de selección sufrió un duro revés que puso en duda su transparencia cuando se conoció un mensaje de audio del secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, dirigido al exministro de Seguridad Marcelo Sain. Somaglia es quien debía conducir este concurso de cargos. Para apaciguar las quejas de la oposición, Perotti apartó a Somaglia del procedimiento y la puso al frente a la ministra de Gobierno, Celia Arena.
Este paso en falso de Somaglia desató una lluvia de renuncias de jurados que sembró de incertidumbre todo el proceso. Aduciendo distintas razones se apartaron 9 examinadores: del cuerpo titular para elegir a los fiscales quedó uno solo; los otros 5 que declinaron debían evaluar a los defensores.
En dos palabras claves se juega la pulseada política entre oficialismo y oposición: “legalidad” y “legitimidad”. El oficialismo asegura que el concurso está provisto de legalidad y que se desarrolla de acuerdo al reglamento. Celia Arena sostiene que se puede seguir adelante, que solamente hay que activar el mecanismo de reemplazo de los renunciantes garantizando la paridad de género y ya está. La oposición, en cambio, pide barajar y dar de nuevo porque al proceso le falta “legitimidad” tras la renuncia de 9 jurados. Hablan de “acefalía” y desmanejo. Quieren que se vuelva a conformar un cuerpo evaluador desde cero.
Pero más allá del tironeo político entre el oficialismo y la oposición, en realidad hay una pelea de fondo por el premio mayor del concurso, que es la Fiscalía General. Allí tallan varios pesos pesados de la Justicia santafesina como el fiscal Luis Schiappa Pietra y la actual fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren… o el fiscal de Santa Fe, Carlos Arietti, también con buenas posibilidades.
Sin embargo, quienes conocen de cerca esta trama y saben que el bacalo se corta en la mesa de la política, sostienen que hay consenso para que el sucesor de Baclini sea alguien externo de la estructura del Ministerio Público de la Acusación. Los dos nombres que hoy suenan con fuerza son jueces camaristas, uno de Rosario, Javier Beltramone; y el otro de la capital provincial, Roberto Prieu Mántaras. El final de esta historia está abierto…
