A Fernández de Kirchner la declararon culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero. El tribunal la sentenció a 6 años de prisión.
Aún así, debido a su rol como vicepresidenta, Fernández de Kirchner tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal como civilmente en un caso criminal y no irá a la cárcel.
La Fiscalía acusó a la vicepresidenta de haber encabezado una asociación ilícita para direccionar, junto a otros funcionarios, contratos millonarios de obras viales que, según la querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.
Cristina Fernández de Kirchner negó los cargos durante el juicio y denunció que se trata de una persecución política. Según dijo previamente, esta acusación de corrupción —la única contra la vicepresidenta que ha llegado a la instancia de juicio oral— no tiene fundamentos y se trata de una persecución en su contra suya y del proyecto político que representa.
Tras la noticia de su condena, Cristina Fernández de Kirchner dio declaraciones públicas en las que aseguró que no se lanzaría como candidata presidencial el próximo año. La sentencia no evita que Fernández de Kirchner pudiera aspirar a ese cargo.
“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada’, con ‘inhabilitación perpetua’, con ‘administración fraudulenta por el estado’ (…) Bueno, no voy a ser candidata”, dijo la vicepresidenta. Luego insistió en que “no va a ser candidata a nada” y que su nombre “no va a estar en ninguna boleta”.
El fiscal Diego Luciani, al frente de la causa “Vialidad”, pidió en agosto 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.
En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, exsocio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego, por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.
El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta defraudación en el Gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el desvío de fondos, “de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa”.
Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido apelada por su defensa ante la Cámara de Casación. Sobre esta condena, su abogado afirmó que es producto de una supuesta “persecución política y mediática”. En diálogo con CNN, la defensa de Báez negó las acusaciones, alega que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.
Fuente: CNN Radio
