El fiscal Luis Schiappa Pietra celebró el dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien opinó que la Corte Suprema de la Nación debe hacer lugar al recurso de queja que interpusieron los fiscales de Rosario Matías Edery y el propio Schiappa Pietra para para avanzar en la imputación del senador Armando Traferri como jefe de una asociación ilícita.
“El dictamen del procurador es un paso previo que requiere el recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema se avoque a la decisión del caso. El dictamen está formado por expertos que trabajan en la Procuración para preparar lo que será luego el fallo de la Corte. Obviamente, el máximo tribunal analizará y tomará una decisión de fondo. La importancia institucional de un dictamen de esta naturaleza es absoluta. Escuché a algunos minimizarlo y la verdad que hasta me da un poco de gracia. Lo que el procurador dice, palabras más, palabras menos, es que debe hacerse lugar al recurso que interpusimos los fiscales y que hay que dejar sin efecto el fallo de la Corte provincial”, consideró Schiappa Pietra durante una entrevista con Marcelo Fernández en el programa «Con sentido común», por CNN Radio Rosario.
“Lo que cuestionamos los fiscales es que no podamos investigar la corrupción institucional y política, la relación del Estado con el mercado criminal. Cuando la Corte provincial dice ‘los fiscales no tienen razón’, Casal responde que esa sentencia no es razonable y debe dejarse sin efecto”, agregó sobre este tema que tuvo repercusión nacional en las últimas horas al conocerse el dictamen del procurador.
Schiappa Pietra, quien llevó adelante una investigación contra el capo narco Esteban Alvarado, recordó que en el juicio “se mostraron un montón de cosas, como los vínculos con funcionarios policiales encumbrados; la capacidad de Alvarado para poner o sacar jefes policiales, la capacidad para relacionarse con funcionarios políticos y judiciales; también se mostraron la decisión de no investigar la muerte de Luis Medina y el estancamiento de las causas de Alvarado en el fuero federal. Todo salió a la luz en el juicio”.
“Lo que cuestionamos los fiscales es que no podamos investigar la corrupción institucional y política, la relación del Estado con el mercado criminal”.
En ese sentido, sostuvo que hubo “componentes estatales significativos y con mucho poder de decisión que no estuvieron a la altura de lo que se demandaba. En algunos casos se vieron conductas directamente reprochables desde el punto de vista criminal, como por ejemplo el jefe de la División Judiciales Luis Quevertoque, que está condenado como integrante de la banda de Alvarado”.
Luego recordó el episodio en el que la por entonces diputada nacional Alejandra Rodenas, hoy vicegobernadora, irrumpió sorpresivamente en un allanamiento que se realizaba en una propiedad de las islas donde Alvarado tenía una especie de centro de operaciones.
“Un testigo de identidad reservada aportó datos sobre una casa en las islas, donde él había estado con Alvarado. Describió el lugar y eso motivó un allanamiento, durante el cual apareció la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas junto a su pareja. Esto tuvo otra connotación cuando se descubrió en el teléfono de Alvarado un audio en el que él le pedía a su abogado (Claudio) Tavella ‘que nos dé una mano la Rodenas’. Nosotros teníamos la responsabilidad institucional de exhibir ese material porque era parte de la evidencia. Eso nos permitió explicar la complejidad de la trama criminal que investigamos”, relató.
También se refirió al estado crítico del sistema carcelario: “Tenemos muchas causas en las que personas privadas de la libertad planifican hechos delictivos. Hay muchos temas para abordar para mejorar la situación: hay un alto grado de corrupción vinculado a las posibilidades que tienen estas personas en los penales, y también existe una alta incapacidad del Servicio Penitenciario de construir lugares de alojamiento adecuados, hay sobrepoblación en muchas cárceles y eso impide distinguir claramente cuáles son los presos que merecen una atención especial”.
“Hay que revisar el diseño del gobierno carcelario porque fue pensado hace 30 o 40 años y hoy existe otra dinámica criminal. Con las cárceles que tenemos no podemos pretender contener a esos presos de alto perfil. Por ejemplo, estuvimos en un allanamiento en la cárcel de Rawson y es un lugar muy precario. Es imposible pretender que no entren teléfonos, en realidad pueden entrar cualquier cosa porque la infraestructura es muy básica”, concluyó Schiappa Pietra.
