Hace unas horas Jorge Baclini dejó de ser el máximo responsable del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Luego de seis años venció el plazo de su mandato, que no permite renovación, y le dejó el lugar a María Cecilia Vranicich, propuesta para el cargo por la Casa Gris y avalada de manera contundente por la Asamblea Legislativa de diputados y senadores santafesinos.
A la hora de hacer un balance de su gestión, Baclini no dudó en señalar que la sanción de la ley 13807, que le confiere a la Legislatura la potestad de sancionar el desempeño de los fiscales, “marcó un quiebre” en la tarea del MPA y “condicionó el funcionamiento” de ese organismo.
“El 30 de noviembre de 2017 se sanciona la ley que permite el control disciplinario de los fiscales. Eso fue un quiebre, realmente. A partir de allí se generó una contaminación política en función de la relación que teníamos en nuestras actuaciones. Esto empezó a generar un camino con bastante más obstáculos”, admitió Baclini entrevistado por Marcelo Fernández en el programa «Con sentido común», de CNN Radio Rosario.
“Esa ley complicó la tarea porque quitó, fundamentalmente, la independencia y la autonomía y condicionó de cierta manera la persecución penal, más allá de que se pueda haber materializado o no en un hecho en cinco o en cincuenta –sostuvo–. Ya la existencia de la ley per se es algo complejo porque cualquier fiscal que inicia una investigación puede sentirse expuesto ante la Legislatura, que lo puede llegar a sancionar. Eso fue un poco lo que pasó con nuestro trabajo. La sanción de esa ley condicionó el funcionamiento”.
“La ley generó una contaminación política en función de la relación que teníamos en nuestras actuaciones. Esto empezó a generar un camino con bastante más obstáculos”.
Baclini aclaró que “los fiscales no se frenaron en su tarea, porque eso no sucedió”, pero sí generó un escenario más espinoso. “No digo que los fiscales se hayan frenado en su tarea porque no veo que eso haya sucedido. Sí esto fue una situación de condicionamiento; es decir, ‘tengo que tener avales más fuertes’, entonces requería más el aval institucional y la independencia se sentía un poquito tocada. A nivel institucional algunas investigaciones que tuvieran que ver con el poder político tenían que tener mayor apoyo nuestro”, señaló.
También se refirió a la evolución de la violencia durante sus 6 años al frente del MPA. “Cuando comencé en la Fiscalía General, en 2017, yo venía de ser fiscal regional de Rosario y se había podido compensar un poco la tasa de homicidios. El año pasado tuvimos 288 homicidios pero en ese entonces habíamos estado en 160, que es una cifra alta, pero veníamos de años con números mucho más altos. No obstante había otros problemas de criminalidad organizada y en distintos ámbitos que necesitaban mucha atención”, dijo.
Uno de los reclamos reiterados de los fiscales en los últimos años es por el nulo control en las cárceles, provinciales y federales, desde donde los cabecillas de las bandas criminales planifican y ordenan acciones que riegan de violencia las calles de Rosario.
“El problema arrancó con la producción de delitos de las cárceles a través del uso del teléfono celular. No se dimensionó el problema allí y por lo tanto no se generó una política penitenciaria de controles en tal sentido. Hoy nos encontramos en una situación de desborde: se están tomando medidas pero llegaron tarde y mientras tanto se han cometido muchísimos delitos desde las cárceles, delitos de mucha gravedad. Todo esto se da en función de una política penitenciaria que, en general, no se ha ocupado y no ha tenido en cuenta las situaciones que impone la modernidad. Y nuestras respuestas desde el Estado tardan en llegar porque todavía no es una situación que esté controlada. Por ejemplo, no podemos pensar que hacer una licitación para comprar inhibidores nos va a demorar tres años”, advirtió.
Según Baclini, quien seguirá ligado al MPA en otra función, el poder político está comprometido para terminar con la inseguridad. “Pero ese compromiso debe tener un plan de acción y en esto hay un déficit”, aclaró. Y siguió: “A nivel país, incluso en Latinoamérica también, no se toman medidas para impactar sobre el delito. El compromiso no se materializa y no se ejecutan medidas de acción directa a plazo inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Esto termina complejizando la situación”.
Enseguida, hizo hincapié en otro punto de la problemática: la precaria formación de los cuadros policiales. “Cuando hay que instrumentar planes de acción uno se encuentra con muchas carencias de personal y con falta de capacitación. Es un déficit que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. A esto hay que apuntar. Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en qué tiempo lo haremos”, planteó.
Baclini aseguró también que otra de las cuestiones que no han recibido la debida atención de las autoridades es el narcomenudeo. “Empezó hace 20 años y por entonces generaba poco dinero, pero hoy ha crecido muchísimo, deja mucho dinero y hay personas que manejan varios búnkers. Esa ganancia genera también parte del blanqueo. Por otro lado produce mucho dinero que queda en la economía en negro y que se utiliza para el delito”, expresó.
