Los procedimientos, dirigidos por la Unidad de Balaceras de la Fiscalía, contaron con la participación de entre 300 y 400 efectivos policiales y se llevaron a cabo bajo la supervisión de los fiscales Franco Carbone, Pablo Socca y Federico Rébola.
Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares y armas, considerados elementos de interés para la investigación.
Las amenazas previas contra Pullaro desencadenaron operativos de seguridad en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero. Las intimidaciones se vinculan a eventos anteriores, como las balaceras ocurridas en un cajero de Banco Macro y en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
La respuesta policial busca garantizar la seguridad del gobernador y es parte de los esfuerzos para identificar y detener a los responsables de estos actos violentos.
