El pasado 27 de diciembre dos jóvenes se dirigían en una moto a atentar a balazos contra una escuela, cuando se cruzaron con una patrulla de la Policía de Acción Táctica y se enfrentaron a tiros. Carlos Moreno y Alejandro Acosta habían cobrado 100.000 pesos no sólo por provocar un estado de conmoción, al disparar contra un colegio, sino por dejar amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Quien había dado la orden para cometer el atentado fue, según reconstruyó el fiscal Franco Carbone, Francisco Riquelme, un narco del barrio Empalme Graneros que se encuentra detenido actualmente en el penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
Unas horas antes de ser detenidos, según se sospecha, los dos soldaditos, que habían cobrado 100.000 pesos, balearon la comisaría 19 de Rosario. El plan era el mismo. Generar pánico y expresar el descontento contra el gobernador. Esa seccional policial fue atacada con una pistola calibre 380. Unos días antes los detenidos hablaban de que les iba a llegar un arma de ese calibre.
A partir de la detención de los soldaditos narco, contratados para disparar y amenazar al gobernador, el fiscal Carbone logró detectar en los peritajes de los teléfonos celulares que el supuesto autor intelectual de esas amenazas y atentados fue Francisco Riquelme, uno de los responsables de que Rosario llegara a sumar 259 homicidios en 2023.
Este hombre fue quien provocó que el oeste de Rosario, fundamentalmente los barrios Empalme Graneros y Ludueña, se transformara en el escenario de una guerra narco entre dos facciones. Riquelme era el gerente del jefe narco Esteban Alvarado y durante dos años se enfrentó a otra banda barrial, liderada por Mauro Gerez, que está alineada con la banda de Los Monos.
Pullaro es blanco de amenazas desde que asumió, cuando una de las primeras medidas que tomó fue reagrupar a los presos de alto perfil en los penales santafesinos. En los pabellones de alto perfil se encuentran detenidos sicarios de las dos facciones. Eso provocó una respuesta inmediata de los grupos mafiosos.
En la Justicia investigan si Riquelme también ordenó los ataques, seguidos de amenazas contra Pullaro, que se produjeron el 13 de diciembre. Ese día, hombres en moto balearon la guardia del hospital de Emergencias y una sucursal del banco Macro. Según la investigación judicial, en los dos atentados se usó el mismo calibre del arma que les secuestraron a Moreno y Acosta, quienes cobraron 100.000 pesos por ir a balear una escuela y dejar un papel con una amenaza contra el gobernador. La hipótesis del fiscal es que todo podría estar relacionado.
Ante estas sospechas, el fiscal pidió al director del penal de Marcos Paz, Marcos Aquino, que se le impongan restricciones a Riquelme en su lugar de detención. Entre las medidas que se solicitaron, figuran que solo reciba visitas de familiares directos y a través de un blindex, y pidieron además un control más estricto en las comunicaciones. Estás medidas las dio a conocer la ministra Patricia Bullrich durante la mañana.
No hay ningún misterio con las amenazas. Las bandas narco funcionan desde las cárceles, tanto provinciales como federales, donde los líderes de estas organizaciones cumplen extensas condenas. Cuando se toca ese nervio aparece la resistencia. Las respuestas se enuncian en las calles con balazos y atentados, porque si se corta el circuito de funcionamiento dentro de los penales se termina un negocio millonario, aceitado por complicidades profundas dentro de las penitenciarias.
Antes de ser asesinado, Carlos Argüelles, un testigo clave en el juicio contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, reveló que su exjefe quería secuestrar a uno de los hijos del actual gobernador. Alvarado, según contó el testigo, había elaborado una lista de la gente que quería eliminar, entre los que se encontraba también otro dirigente político, el diputado Carlos Del Frade.
Alvarado fue condenado a prisión perpetua en junio de 2022, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery juntaran una enorme cantidad de evidencias contra un narco que gozó durante años de la protección del Estado.
En los alegatos, el fiscal Schiappa Pietra fue categórico: “Alvarado no es un delincuente común, sino el resultado de la colaboración del Estado con el crimen organizado”.
Desde antes de asumir al frente de la gobernación, el dirigente radical viene enfrentando intimidaciones. Muchas no se hicieron públicas, pero se investigan en la Fiscalía de Rosario. Pullaro confió a su entorno cercano que estos hechos no van a restringir su actividad ejecutiva. Pero trata de evitar grandes aglomeraciones, donde los dispositivos de seguridad son más complicados de que sean efectivos.
