Si bien el Gobierno perdió la primera batalla para hacer realidad los cambios en la política y en la economía del país con el retiro de la Ley ómbibus de la Cámara de Diputados para que regrese a Comisión, las autoridades igualmente avanzan en algunos aspectos del DNU emitido por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre del año pasado.
En este caso, en lo que se refiere a las regulaciones aerocomerciales a partir de los cambios que el decreto presidencial estableció al Código Aeronáutico que rige las operaciones aéreas de la Argentina. La norma se basa en la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
En ese marco, se analizó la situación actual del transporte aéreo, expresando que “la política aeronáutica argentina ha limitado fuertemente el desarrollo de la industria aerocomercial, pilar fundamental no solo de su integración federal, sino fundamentalmente del desarrollo económico y turístico”.
Por estas razones, dentro de las medidas adoptadas por el DNU se hizo mención a un reordenamiento integral de la legislación aerocomercial “para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas”. Además, se introdujeron modificaciones en el Código que rige al sector para “mejorar radicalmente su competitividad” además de introducir cambios en las Leyes Nros. 26.412 y 26.466 para privatizar Aerolíneas Argentinas a sus empleados.
“se requiere la participación de diferentes actores con competencias y responsabilidades primarias sobre la materia, lo cual permitirá armonizar y compatibilizar los criterios en cuestiones de transporte aerocomercial, al aportar conocimientos técnicos y enriquecer el análisis y acciones desde una visión multidisciplinaria del sector público y el privado a los efectos coadyuvar a la seguridad en el transporte de que se trata”.
En este sentido, para el Gobierno se hace necesaria la creación de una comisión especial ad hoc “que permita la debida discusión entre los actores que posibilite la propuesta de una reglamentación surgida del consenso técnico y normativo, teniendo en consideración la relevancia que reviste el transporte aéreo”.
