Según el comunicado oficial, esta decisión busca dar mayor protagonismo a la tarifa en la cobertura de costos operativos, reduciendo significativamente los subsidios a las empresas. Además, se suprime el congelamiento de tarifas en el AMBA, impactando en líneas de jurisdicción nacional.
En el AMBA, los subsidios disminuyen pero no se eliminan, manteniendo la tarifa actual hasta abril. La tarifa social federal se mantiene, mientras que las tarifas del AMBA se ajustarán por IPC. Las líneas de jurisdicción nacional tendrán incrementos diferenciados, sin alcanzar los $1,500 especulados.
Esta medida genera tensiones con los gobernadores, quienes enfrentan la necesidad de ajustar tarifas o subsidiar el transporte. La decisión refleja un cambio en la política de subsidios, priorizando la focalización en la tarifa social y reduciendo la asistencia estatal al transporte en el Interior del país.
