Con actores locales

Un informe de “Así Estamos” dejó al descubierto cómo bajaban los fondos de Grabois a Rosario

Hace aproximadamente dos años, un trabajo periodístico publicado en el programa "Así Estamos",em,itido por Telefe Rosario, puso al descubierto el destino de miles de millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El Gobierno de Javier Milei ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el destino de miles de millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que hasta ahora era manejado por Fernanda Miño, una militante relacionada con Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Fernanda Miño, dirigente del MTE, estaba a cargo del FISU, que se financia con el 9% del impuesto PAIS, recaudando alrededor de 300 mil millones de pesos anuales. Ahora, este importante fondo está siendo sometido a una auditoría por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, ya que se estima que las cooperativas de Grabois y Emilio Pérsico, entre otros, se beneficiaron con unos 24 mil millones de pesos en los últimos cuatro años.

El FISU, creado en 2019 al final del gobierno de Mauricio Macri, tenía como objetivo principal el financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. En ese marco, se realizaron 1.278 obras de integración, alcanzando a 5.060 asentamientos con obras de vivienda por un monto de casi 500 mil millones de pesos durante los últimos cuatro años.

La auditoría en curso ha revelado que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, y que los contratos fueron dirigidos, en este caso, a cooperativas vinculadas a Grabois y Emilio Pérsico. En total, hay unas 1.200 obras en ejecución, implicando recursos por unos 230 mil millones de pesos.

El FISU, junto con otros 29 fideicomisos, estaba incluido en la Ley Ómnibus, una ley que el presidente Milei quería modificar para eliminar o modificar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal.

Esta investigación sobre el destino de los millonarios fondos destinados a las obras de urbanización de los barrios populares, que involucra a empresas y cooperativas vinculadas a movimientos sociales, sigue su curso mientras el gobierno busca mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos.

El informe publicado el 22 de agosto de 2022