Las Empresas de Medina Prepaga aseguraron, mediante un comunicado, que “no admiten la reducción del financiamiento” de las mismas como se busca por medio de “acciones judiciales o legislativas” que intentan desnaturalizar la desregulación del sistema en la determinación de los valores de las cuotas de los respectivos afiliados, que fue habilitado por el DNU 70/24.
Y una posible caída de dicha norma, haría disminuir el financiamiento de las mismas, lo que generaría un agravamiento de la situación a un punto extremo que produciría un impedimento en la actualización de los sueldos y honorarios profesionales, tanto en los empleados de la sanidad como así también con los médicos y profesionales en el rubro.
Los que integran dicha posición, están agrupados en los prestadores sanatoriales conformados por SALUD FEDERAL y ASOCIACIÓN DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE ROSARIO Y SU ZONA.
Desde el sistema privado aducen que padecen “un desfinanciamiento” similar a los ocurrido años atrás en medio de la Pandemia del Coronavirus en 2019 por lo que ocurre cuando se deben fijar los aranceles de este sector con los Obras Sociales en general, sumado a las del orden provincial, junto al PAMI, quienes siempre manifiestan lo mismo, al responder que no cuentan con los recursos financieros disponibles.
Además remarcan que el propio Estado Nacional ha reconocido que “existe un índice de salud superior a los parámetros de medición de costos del INDEC”. Para colmo se han elevado considerablemente los gastos de funcionamiento por la alta inflación de los últimos meses, junto a los excesivos incrementos en los precios de los medicamentos, los insumos importados y el material descartable. Junto a la necesidad de ajustar los sueldos para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Finalmente, aseguran que en un panorama de “sinceramiento de precios” es primordial continuar con las medidas adoptadas para la “libre determinación del valor de las cuotas”, esperando “la adecuación de los precios” y el “descenso de la inflación” que ayudaría a recuperar el poder de compra de la población.
Ya que existen millones de personas con dicha cobertura privada que no tienen otra opción y en el caso de que quebrara el sistema, deberían acudir a los hospitales públicos, los cuales ya se encuentran abarrotados de ciudadanos con escasos recursos económicos.
