El Poder Ejecutivo debería cubrir con transferencias la diferencia que hay entre el costo de generación de la energía y el que pagan efectivamente los usuarios, pero no lo está haciendo.
Esos envíos deberían girarse a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la empresa que administra el suministro mayorista eléctrico y con las productoras de gas, a través de programas de subsidio como el Plan Gas.
Según la consultora Economía y Energía, en el primer trimestre del año la cantidad de subsidios devengados a estos sectores clave en la cadena de suministro de energía a lo largo del primer trimestre del 2024 fue 71% menos en comparación con el mismo lapso del año pasado.
“En el primer trimestre se devengaron subsidios al sector energético por 666 millones de dólares, un 71% menos que en idéntico período del año anterior. La retracción de los subsidios dirigidos al sector energético durante el primer trimestre de 2024 condujo a un aumento de la deuda del Estado Nacional con los generadores de energía eléctrica y los productores de gas natural, entre otros”, plantearon desde esa consultora.
Esas obligaciones se van acumulando y ponen presión sobre las cuentas fiscales del Estado nacional, que puede abultar la cuenta de deuda flotante compuesta por pagos atrasados que consta de la diferencia entre los gastos devengados y los que son efectivamente pagados, lo que implicaría un compromiso que en algún momento del año tiene que saldar.
Otra opción es que el Ministerio de Economía emita un bono del Tesoro para otorgar a esos acreedores.
El título del Tesoro le permitiría evitar el uso de presupuesto que presione el déficit primario, aunque la emisión de un bono a las empresas y que devengue intereses en el tiempo podría incrementar la carga financiera futura.
En el primer trimestre del año la cantidad de subsidios devengados a estos sectores clave en la cadena de suministro de energía a lo largo del primer trimestre del 2024 fue 71% menor que en comparación con el mismo lapso del año pasado
En el Gobierno aseguran que no se trata de deuda que corresponde a la administración actual, sino que en buena parte se trata de pasivos del mandato anterior, ya que en el caso de Cammesa, por ejemplo, los pagos se realizan a 60 días.
Ese rezago implica que la deuda de enero y febrero corresponde a los meses de noviembre y diciembre. En marzo, de todas formas, cuando ya se contempla el pago de las transferencias que corresponden a enero, tampoco registró un cambio de tendencia.
El corte casi total de transferencias a Cammesa comenzó a tensionar el mercado energético, que empezó a temer un corte en la cadena de pagos.
Transener, cuyo principal accionista es el Estado Nacional, había anticipado en marzo que analizaba reclamos administrativos y judiciales para perseguir el cobro de esa deudas que reclaman a Cammesa.
Además, se trata de un sector dolarizado: el salto del tipo de cambio de diciembre abultó todas las cuentas y la sospecha que circula en algunas empresas es que el Gobierno busque algún tipo de quita sobre esos pasivos.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo considera que Cammesa tiene que volver a ser administradora y que los jugadores del mercado en cada eslabón de la cadena (generación, transporte y distribución) negocien entre ellas por el suministro.
La deuda flotante creció de un mes a otro, lo que implica que crecen los pagos pisados. Los últimos datos oficiales, que corresponden a febrero, muestran que ese número es de 1,6 billones de pesos, de los cuales unos $900.000 corresponden a gastos postergados que pertenecen al ejercicio 2024, mientras quedan $710.000 millones de 2023.
