El Gobierno planea profundizar la reducción del Estado a partir de una nueva tanda de despidos. En la Casa Rosada admiten que hacia junio habrá otras miles de bajas -se habla de 7000-, con lo que se lograría la meta oficial de una administración pública con un 30% menos de contratos en relación con diciembre, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.
Según reconocieron fuentes oficiales, el plan de un Estado más chico en su tropa de empleados alcanzó un 20% de reducción, con los 15 mil despidos entre fines de marzo y principios de abril. El recorte, sin embargo, será mayor.
Sin querer alterar el camino hacia el Pacto de Mayo, desde el gobierno prefieren evitar comentarios, pero se pudo saber que la nueva etapa de reducción estatal está en marcha. Para concretar la primera tanda de bajas, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, había bajado la orden de auditar a los empleados de todas las áreas del Estado para corroborar su función, actividad y asistencia.
La medida volvería a repetirse bajo una modalidad similar. Habrá un nuevo decreto con un tenor semejante, publicado a fines del año pasado, que instruyó a los titulares de las carteras a exceptuar de la baja a los trabajadores que resulten “indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”; y al conocido a principios de este mes y que otorgó la posibilidad de renovación por tres meses a una tanda de contratos que eran renovados de manera anual o semestral.
Desde el Gobierno ya habían advertido que el recorte de empleados estatales se haría “por etapas” e incluso el presidente Milei, durante su participación en el Foro Económico Internacional de las Américas, adelantó la caída de 70 mil contratos.
La resistencia al recorte del Estado que planea profundizar el Gobierno tiene también su pata en el Congreso. Diputados de Unión por la Patria presentaron este jueves un proyecto de ley para prohibir los despidos y reclamar la reincorporación de quienes se quedaron sin trabajo durante la primera barrida.
“Prohíbanse hasta el 31 de diciembre de 2025 los despidos o suspensiones de trabajadores y trabajadoras que efectivamente desarrollen sus tareas en el ámbito público, sin importar la modalidad contractual y la fecha de ingreso al empleo”, sostiene la iniciativa de la oposición en la Cámara Baja.
Y sigue: “Déjese sin efecto el cese o suspensión del personal alcanzado dentro del régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado, con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2023, y dispóngase su continuidad laboral”.
Resta definir la fecha, pero la idea de los diputados de UxP es tratar la iniciativa cuanto antes. “Se estaba planteando para el miércoles, pero ese día es la sesión especial que convocamos por los proyectos sobre el financiamiento de las universidades, el FONID y las jubilaciones”, mencionó Juan Marino, uno de los firmantes.
