Desde este 1° de junio, el Gobierno avanzará en una etapa de transición hacia la quita generalizada de los subsidios a las tarifas de luz y gas, que hoy alcanza a unos 10 millones de usuarios residenciales de todo el país, con ingresos familiares de hasta $2,8 millones. Apunta a que, en un período de seis meses, se pague el costo total de la energía y que haya un esquema de asistencia estatal a usuarios “que realmente lo requieran”.
Mientras define el esquema gradual para retirar los subsidios, y con el objetivo de mantener controlada a la inflación, el Ejecutivo volverá a congelar los aumentos de tarifas que reciben las distribuidoras de luz y gas en junio.
En paralelo, se determinó “la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible”. Fijó además una serie de objetivos y tareas que tendrá la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, sobre el mecanismo a aplicar.
Pero aun con ese anuncio, tanto entre los usuarios finales como en las empresas encargadas de facturar los consumos de luz y gas de todo el país (las distribuidoras) hay muchos interrogantes sobre la manera en que se quitarán los subsidios y quiénes podrán acceder a lo que el Gobierno denomina una Canasta Básica Energética, que contemple las necesidades esenciales de consumo de electricidad y de gas de los hogares según su ubicación y época del año.
Las autoridades comenzarán a explicar al sector energético los pormenores del plan para abandonar los subsidios energéticos, clave para las cuentas públicas y para cumplir con el FMI. La convocatoria llegará luego de la emergencia por falta la de gas que derivó el miércoles en cortes de suministro para industrias y estaciones de GNC, y en una posterior normalización este jueves, aunque a niveles de la semana pasada, es decir, con restricciones a usuarios no prioritarios con contratos interrumpibles.
Por lo pronto, de los lineamientos generales del decreto 465 se desprende que en la etapa de transición hacia un nuevo régimen de subsidios direccionado a la demanda se establecerá por mes un tope de consumo máximo de gas y electricidad a subsidiar y un sistema de “bonificaciones o descuentos” a los usuarios residenciales de bajos y medios, según el ingreso y ubicación de cada hogar.
- Por empezar, se eliminan los topes de incrementos que estaban vigentes desde 2022. Ahora se deja sin efecto que la actualización tarifaria no puede superar el 80% de la variación salarial del año previo para el caso de ingresos medios (N3) o de 40% para los N2.
- Se estableció que habrá topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas, según la época del año y la subzona en la que resida. En una primera etapa, la Autoridad de Aplicación podrá extender a los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) los límites de consumo que ya rigen para los usuarios del Nivel 3 (400 kw mensuales en el caso de la luz). Es decir, que el consumo que exceda de esos topes se pagará a precio de mercado.
- Se aplicarán a los usuarios de las categorías N2 y N3 del RASE, descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial. Energía podrá fijar el nivel de los descuentos o bonificaciones que recibirán los beneficiarios durante el período de transición por los volúmenes consumidos hasta el máximo definido.
- Se dispondrá que las cantidades consumidas por encima de los máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
