La investigación que comenzó hace varios meses, incluyó escuchas telefónicas y numerosas tareas de campo donde se recolectó un gran volumen de pruebas. Ese material fue la base para que la AFIP Rosario descubra que, mediante la utilización de un IP particular, diversas personas jurídicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones. Esta situación alertó la presunción de los investigadores de que, mediante una asociación ilícita, estaban procediendo a evadir tributos que podrían provenir del lavado de activos.
El Ministerio Público Fiscal pidió a la PFA que realice la investigación utilizando los medios tecnológicos necesarios, llevando a cabo escuchas telefónicas y distintas tareas de campo que dieron como resultado 10 allanamientos en las ciudades de Rosario, Casilda y Sanford, que incluyeron inmuebles, empresas y estudios contables. En ese marco, quedaron detenidos cinco hombres.
Se pudo determinar que la organización estaba compuesta por una serie de contribuyentes emisores de facturas apócrifas que compartían una dirección IP, que arrojó un total de 112 usinas al inicio de la investigación.
Algunas de las maniobras consistían en que a pesar de que las empresas no existían, operaban ilícitamente inscribiéndose en la AFIP para generar comprobantes de ventas falsas, que luego comercializaban. Los terceros adquirientes utilizaban estas facturas para justificar gastos, reduciendo indebidamente los impuestos que ingresan a las arcas del Estado.
Se secuestraron: $ 2.363.700 de pesos, dos motos, tres autos marca Peugeot, Audi y una camioneta pickup Ford, pendrives; un disco rígido, dos chips de teléfonos celulares, una tablet, cinco notebooks; una CPU, 15 celulares, tres computadoras de escritorio y documentación de interés para la causa.
Intervinieron el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Martín Bailaque, secretaría 1 a cargo de María Victoria Gastellu; la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, a caro de Javier Matías Arzubi Calvo, secretaría de Virginia Sosa.
