La Cámara de Diputados avanzó en la recuperación de los haberes previsionales por el cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria que dispuso, mediante el DNU 274/2024, el presidente Javier Milei. La recuperación asciende al 8,1% en sus ingresos, llevando la jubilación mínima a $285.000.
La votación que dio media sanción al proyecto se aprobó con 160 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones. Ahora, pasará a la Cámara Alta donde los senadores deberán aprobar o devolver el proyecto con modificaciones a Diputados.
La decisión se tomó en una sesión especial solicitada por el radicalismo que preside Rodrigo de Loredo y el acompañamiento de los bloques de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López; e Innovación Federal, que encabeza la salteña Pamela Calletti, además de Unión por la Patria, de Germán Martínez; se pidió otra sesión especial que incluye el aumento del presupuesto para las Universidades y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Con el quorum asegurado empezó el debate: los diferentes proyectos coincidieron en algunos puntos centrales, como la recuperación de lo perdido por los jubilados durante la fuerte inflación de enero. El dictamen aprobado señala que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En ningún caso, la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un 50% de aumento en función de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor del año anterior.
Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicaría ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se haría con base en el último índice utilizado. De esta manera, también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero.
El radical Lisandro Nieri expresó: “Proponemos la recomposición del 8,1% de lo perdido por la inflación de enero. Es decir, que se contempla un mínimo vinculado a la canasta básica para el adulto mayor, y una recuperación en el mediano plazo a través del índice de los salarios, si hay un crecimiento en la economía. Eso podría hacer que en el largo plazo haya una recomposición real de las jubilaciones. Siempre nos propusimos algo factible, razonable y responsable”.
“La generación de inflación no será un garrote a futuro, no es una falsa promesa de una recomposición que luego tiene un daño. Siempre en nuestro criterio estuvo la responsabilidad del proyecto, eso hizo que lleguemos a la mejor propuesta posible dentro de lo razonable. Así, el costo es del 0,43% del PBI. Hay muchos privilegios y beneficios impositivos por los cuales podríamos mejorar un 2% la recaudación”, completó el radical.
Por su parte, Margarita Stolbizer expresó: “Un tercio de la reducción del gasto público en el primer trimestre ha sido el recorte real de las jubilaciones. Si, como amenaza, el presidente veta la fórmula de actualización que votaremos en la sesión ratifica la peor inequidad del sistema que consolidó el gobierno anterior, volverá a emular a Cristina Kirchner que vetó la ley del pago del 82% y evidencia que el ajuste no lo paga la casta sino los jubilados. Frente al único argumento del no hay plata se les cayó el discurso y la careta, porque compran aviones de combate, mantienen el régimen especial de Tierra del Fuego y pagan sobresueldos a los funcionarios mediante contrataciones irregulares e ilegales”.
Una de las principales diferencias se relacionan con la instrucción a la Anses para la cancelación, por medio del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, de la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional; como así también con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino que cuenten con sentencia firme, dentro de un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley, que podrá ser prorrogado por otros seis meses.
