Estas islas, instaladas hace unos años en numerosos bares y restaurantes principalmente en el barrio de Pichincha, ocupan espacios en la calle y el cordón, generando opiniones divididas entre vecinos, comerciantes y autoridades. En el Concejo hay voces en contra en las islas, pero otras también a favor.
En las últimas horas concejala Fernanda Gigliani se sumó al debate, cuestionando la reglamentación del intendente Pablo Javkin. “Después de siete años, el intendente reglamentó la Ordenanza 9727, creadora del ‘Programa Islas Callejeras’. Sin embargo, su reglamentación trae contenidos cuestionables”, expresó Gigliani a través de sus redes sociales. Gigliani recordó que, durante la pandemia de COVID-19, Javkin habilitó las islas callejeras mediante el Decreto 1259/2020, en respuesta a las recomendaciones sanitarias y de distanciamiento social.
Pasada la pandemia, la Intendencia continuó otorgando permisos bajo el mismo decreto, sin considerar la Ordenanza 9727. Este decreto permitió la concesión de 373 permisos excepcionales para el uso del espacio público, de los cuales 142 corresponden a autorizaciones sobre calzada. Según Gigliani, esto llevó a una situación de irregularidad, ya que las islas no se ajustaban a la normativa de la ordenanza vigente.
La Ordenanza 9727 establece que estos espacios deben ser de uso público y no exclusivo para los negocios, y que se debe colocar un cartel indicando este carácter público. Sin embargo, Gigliani cuestiona si alguien ha intentado usar estos espacios sin consumir o si han visto los carteles correspondientes. En la práctica, los espacios funcionan como una extensión exclusiva de los comercios, lo que contradice la norma original.
El nuevo Decreto 727/2024 redefine las islas callejeras como instalaciones sin anclaje permanente al suelo, ubicadas en espacios de estacionamiento frente a emprendimientos gastronómicos. Incluye elementos como mesas, sillas, toldos y climatización. Gigliani criticó que estos elementos no están contemplados en la Ordenanza 9727 y que el decreto busca convalidar una realidad que no se ajusta a la norma.
Además, el decreto establece que no se permitirán islas callejeras en sectores destinados a paradas de transporte urbano de pasajeros. A pesar de esto, se han anulado paradas de colectivos en Pichincha para habilitar islas, lo que ha generado controversia. Otra preocupación es que los permisos otorgados bajo la normativa anterior deben adecuarse en un plazo de seis meses, extendiendo la vigencia del cuestionado Decreto 1259/2020 hasta el año 2025.
Por su parte el concejal Carlos “Charly” Cardozo también intervino en el debate, defendiendo la existencia de las islas callejeras. Cardozo recordó que en 2017 se aprobó una iniciativa del entonces concejal Rosúa que permitía estas islas con ciertas normativas. La pandemia forzó una implementación más anárquica, pero fue una medida crucial para la supervivencia de muchos negocios gastronómicos. Cardozo resaltó que ahora se ha reglamentado la ordenanza para dar un ordenamiento razonable a las islas, asegurando la actividad gastronómica y los puestos de trabajo, mientras se busca una convivencia adecuada con los vecinos.
Cardozo expresó su preocupación por la propuesta de Rey de prohibir las islas callejeras, argumentando que genera inseguridad jurídica y ruido innecesario en el sector. “Hay un sistema de islas callejeras que fue reglamentado, sirvió en la pandemia y ahora va a tener una serie de restricciones vinculadas a la reglamentación. Esto ya al estar reglamentada la ordenanza se tiene que poner en práctica de manera inmediata”, afirmó. También mencionó que es necesario abordar la discusión global sobre la nocturnidad y confía en que la propuesta de prohibición no tendrá aprobación en el recinto.
La polémica continúa y las posiciones están claramente divididas. Mientras algunos abogan por regular y mantener las islas callejeras, otros consideran necesario reevaluar su existencia y adecuación a las normas vigentes. La discusión promete seguir generando debate en los próximos meses.
