ACUSADO DE PREVARICATO

Tabacalera Bronway denuncia penalmente a juez vinculado a Ricardo Lorenzetti

La denuncia contra Salmain se dio en el marco de una intrincada disputa judicial mediante la cual Bronway intentó esquivar el pago de los impuestos internos a la venta de cigarrillos.

La denuncia contra Salmain se dio en el marco de una intrincada disputa judicial mediante la cual Bronway intentó esquivar el pago de los impuestos internos a la venta de cigarrillos. La estrategia que adoptó el grupo empresario de Santa Fe -del que también forma parte otra tabacalera llamada For Men– fue similar a la utilizada por Tabacalera Sarandí, la empresa del Señor del Tabajo Pablo Otero  apuntada por Javier Milei en el marco del tratamiento de la ley ómnibus, pero con menos éxito: solo obtuvieron una cautelar por seis meses que se terminó cayendo y la Corte Suprema confirmó esa derrota.Bronway y For Men producen las marcas Pier. Dolchester y Boxer. Su cara visible es Darío Ippolito quien se encargó en su momento de defender la denuncia ante los micrófonos. El titular de la tabacalera rosarina denunció haber sido víctima de una extorsión antes de la resolución de Salmain y que por eso sabía lo que iba a suceder. “Este juez llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica”, dijo Ippolito en declaraciones periodísticas, haciendo referencia al poco tiempo en el cargo de Salmain: asumió a mediados de 2023.
El affaire del tabaco, versión Santa Fe
La cuestión gira en torno a los impuestos internos a los cigarrillos. Por cada atado, las tabacaleras deben pagar una alícuota del 70% sobre el precio de venta -con todos los impuestos, salvo el IVA, incluidos-, siempre y cuando ese monto sea superior al mínimo de $793. La razón del gravamen es parafiscal, es decir, su meta no es recaudar sino encarecer un consumo considerado nocivo para la salud. Si bien su origen puede encontrarse en un convenio que se firmó durante la presidencia de Néstor Kirchner, terminó de tomar forma con la reforma fiscal propuesta por Mauricio Macri.
Las tabacaleras nacionales -como Bronway Sarandí– consideraban que el gravamen afectaba el libre mercado y la libre competencia y beneficiaba a las multinacionales Massalin Particulares –Marlboro y Phillip Morris– y British American Tobacco –Lucky Strike y Camel-. Sostenían que el piso mínimo del impuesto terminaba igualando el precio de los atados de las firmas nacionales con los de la firmas internacionales, beneficiando a estas últimas por un razonamiento sencillo: si el consumidor ve que la diferencia de precio es mínima, va a terminar optando por las marcas más conocidas.
Así las cosas, las tabacaleras nacionales comenzaron a trajinar juzgados en busca de cautelares que les permitiesen operar sin pagar el impuesto mínimo. Mientras Sarandí tuvo éxito, lo que le permitió quedarse con casi el 40% del mercado, Bronway no tuvo la misma suerte: solo obtuvo una cautelar por tres meses a fines de 2022, otorgada por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con los votos de los jueces José Toledo y Élida Vidal. El argumento fue que, como Sarandí tenía una cautelar similar, iba a tener ventajas en la competencia contra Bronway.Tres meses después, Bronway logró que Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, renovara la cautelar. La AFIP apeló esa decisión y el tema llegó nuevamente a la segunda instancia. Allí entra en juego Salmain quien, en paralelo al trámite que debía resolver la Cámara, le da curso a una acción de daños que Massalin Particulares le había iniciado a Bronway en 2021 -en la que exigía que se le aplique una multa y que comience a pagar los impuestos internos- y ordena a la AFIP que no le venda más a Bronway las estampillas necesarias para comercializar cigarrillos.La decisión de Salmain, tomada a pocas semanas de asumir el cargo, detonó la paciencia de Bronway. Por eso su titular Darío Ippolito no solo lo denunció penalmente y en el Consejo de la Magistratura, sino que tuvo declaraciones públicas fulminantes para con el magistrado. Dijo que se había enterado de la resolución una semana antes porque lo habían intentado extorsionar, sembró sospechas en torno a los motivos que impulsaron a Salmain a activar una causa que estaba dormida hacía dos años y, lógicamente, apeló la medida del juez.

Salmain, Ricardo Lorenzetti y María Romilda Servini

Cuando tomó la decisión, en septiembre del año pasado, el juez apuntado por Bronway era un recién llegado a la ciudad. Salmain había obtenido el tercer lugar en el orden de mérito del concurso para el cargo y su pliego fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Acuerdos del Senado a mediados de 2022. Sin embargo, la aprobación de su postulación por el pleno de la Cámara Alta se demoró y recién juró como titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario a principios de mayo de 2023.

Oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y egresado de la UBA, Salmain fue impugnado en el proceso de selección por la Fundación Nakitaga -que defiende a los pueblos originarios migrantes a los barrios humildes de Rosario- por no ser de la ciudad y otras cuestiones administrativas. Además, fue señalado por representar a empresas que pidieron cautelares para importar. De hecho, si bien no fue un cuestionamiento directo, el senador Marcelo Lewandowski le hizo una pregunta con referencia a ese tema durante su audiencia.

Aunque ejerció la profesión de manera privada -dedicándose principalmente a la seguridad social-, Salmain tiene vínculos aceitados con la familia judicial. El hecho de haberse desempeñado como asesor del estudio jurídico Servini & Asociados, cuyo titular es un familiar directo de la cacique de los tribunales de Comodoro Py María Romilda Servini, no es el único indicio. A su jura en Rosario asistió el supremo Ricardo Lorenzetti, quien aprovechó la ocasión para dar un discurso. Afuera, en la calle, una protesta de los trabajadores de la tabacalera For Men hacía escuchar su reclamo.

La resolución de la Corte Suprema

Tras la decisión de Salmain, la AFIP se enfrentó a una situación insólita: mientras el Juzgado Federal N°2 -el de Aramberri– le había ordenado vender estampillas a Bronway sin cobrarle el mínimo del impuesto interno, el Juzgado Federal N°1 del mismo fuero -el de Salmain– le ordenaba exactamente lo contrario: no hacerlo porque era entrometerse en la libre competencia entre la tabacalera rosarina y Massalin Particulares.

La Cámara Federal de Rosario revocó ambas cautelares. Es decir, en la causa que tramitaba en el juzgado de Salmain le dio la razón a Bronway, pero fue una victoria pírrica, ya que en la que tenía Aramberri se inclinó en favor de la AFIP, por lo que la tabacalera se quedó sin cautelar para operar eludiendo el impuesto interno. Un detalle: la sala que resolvió en contra de la cautelar a favor de Bronway es la misma que se la había otorgado por primera vez. En el medio, el juez Toledo renunció a su cargo y la jueza Vidal cambió su postura.

Con la decisión de la Cámara Federal de RosarioBronway se vio obligada a cerrar su planta ubicada sobre la Ruta 34 y dejar de operar en el mercado a fines de 2023. El tema volvió a estar en boga en el primer intento de tratar la ley ómnibus, cuando el presidente Javier Milei señaló al titular de Tabacalera Sarandí Pablo Otero como la usina de un feroz lobby en contra del capítulo del proyecto que modificaba la estructura del impuesto, eliminando el mínimo y subiendo la alícuota. Otero era, en los términos de Milei, el Señor del Tabaco.

Mientras La Libertad Avanza fracasaba en su primer intento por aprobar la ley ómnibus y señalaba al lobby de Otero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación remató las esperanzas de Bronway. La resolución de la Cámara Federal de Rosario, si bien rechazó la cautelar por la que la tabacalera rosarina podía operar sin pagar el impuesto mínimo, permitía que fije de modo manual el tributo, lo que en los hechos era cerrar una puerta pero abrir una ventana: Bronway podría seguir eludiendo el gravamen.

Esa ventana fue cerrada por la Corte Suprema en una decisión unánime. El máximo tribunal hizo gala de su conocido talento para manejar los tiempos y dio a conocer el fallo el mismo día en el que sacó a la luz otro en el que dejó sin cautelar a Tabacalera Sarandí. La empresa de Otero, a diferencia de Bronway, había logrado un fallo de segunda instancia y seguía operando sin pagar el impuesto mínimo.

Ambos fallos se conocieron luego de que Milei, en su segundo intento por aprobar la ley ómnibus, eliminara el capítulo que reformaba el impuesto interno a los cigarrillos -junto con las referencias al Señor del Tabaco en su discurso-. La decisión enfureció a la oposición, que juntó la mayoría necesaria para reinsertarlo en el proyecto. El Senado, a su turno, lo blindó con dos tercios de los votos. Así las cosas, como todo se había manejado con cautelares, la eliminación del impuesto mínimo se llevó también la posibilidad de que las tabacaleras nacionales discutan el fondo del asunto.

Fuente: Letra P