Ni en la casta ni en la clase media, el ajuste de Javier Milei recayó en los estratos sociales más bajos, que perdieron tanto en términos absolutos como relativos. Así lo expone un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el que también advierte la posibilidad de que se desaten “nuevos desequilibrios en el desempleo y la marginalidad social”.
Los números de la crisis tienen un correlato en la cotidianeidad. El kilo de cartón en diciembre cotizaba a $170 y ahora se paga $130. Hay más gente cartoneando y la recesión bajó el volumen de basura: un camión recolector en un recorrido juntaba 15 toneladas de residuos y ahora llega a la mitad.
“La desigualdad y la pobreza son problemas de larga data en el país y hay varias generaciones afectadas. No sólo en los ingresos, sino en la educación, la vivienda, la inserción laboral y las posibilidades de niños y jóvenes”, puntualizó una de las responsables del trabajo de campo.
El ajuste de Javier Milei, sin compensaciones
La UCA asegura que con el gobierno de Milei “devinieron políticas de ajustes correctivas, brutales, aunque inevitables”. Entre los vectores que empujan a la marginalidad está el congelamiento del plan Potenciar Trabajo, que dejó a más de un millón de personas con $78.000 mensuales desde diciembre.
Si el ministro de Economía, Toto Caputo, no los hubiera desenganchando del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) estarían cobrando $117.000, también por debajo de la evolución de la inflación.
El informe indica que las únicas fuentes de compensación, aunque “parciales e insuficientes”, son las Asignación Universal por Hijo (AUH) de $81.000, la tarjeta Alimentar que aporta $52.250 para familias con un hijo y el Plan 1000 días, que el gobierno nacional aumentó y apenas representa el 50% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y el 25% de la Canasta Básica Total (CBT).
“Hay un desequilibrio en el empleo y la desocupación en los jefes de hogar y aún no se sabe bien el nivel de gravedad al que llegara”, explicó el sociólogo Eduardo Donza. El investigador de la UCA advirtió que “podrían incrementarse los niveles de exclusión”.
El economista Federico Machado, de la consultora Open dijo que “los sectores populares, además de cobrar el plan social, reciben otro ingreso por trabajo no registrado o fruto de la economía popular. Los más golpeados por la recesión, perdieron un 30% hasta abril del 2024 según datos del INDEC”.
“El incremento de la marginalidad se traduce en más drogas, más violencia callejera, arrebatos y el robo de cables para conseguir cobre”, evaluó Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE).
Ante una consulta de este medio, el también secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) describió que en 2023 “una cocinera de un comedor de Cáritas cobraba $160.000 y ahora $78.000; además de no recibir la materia prima para llenar las ollas”.
Implosión social y blanqueo para pobres
Caropesi aseguró que los comedores están llenos de “jubilados y familias enteras que buscan su única comida diaria” y explicó que están desapareciendo las cooperativas de trabajadores textiles. “Los empresarios no encargaron ropa para la temporada de verano o pagan precios muy bajos e importaron todas las camperas del invierno que antes fabricaban las cooperativas”, planteó.
El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo consideró que “hay un fenómeno de implosión social que se traduce en mayor violencia”.
“Los pobres tienen tres problemas básicos: menos changas, menos ingresos y más endeudamiento, lo más grave. El 85% de la gente que tomó créditos y re-créditos para pagar los anteriores ya no sabe cuánto debe”, dijo el legislador.
Arroyo presentó un proyecto de ley para que las personas de sectores vulnerables que deban hasta $200.000 no tengan que devolver más del doble. “Es un blanqueo para sectores bajos, en paralelo al blanqueo de los grandes capitales”, graficó.
Fuente: Letra P
