El presidente de la ONG “Lógica”, Matías Olivero Vila, estuvo comentando lo acontecido con la sanción de una ley que beneficiará a los usuarios mediante un régimen de transparencia fiscal en lo referido a los impuestos nacionales que comenzará el próximo año. Lo hizo en declaraciones a CNN Radio Rosario
“Está en el capítulo 7 de la ley de medidas fiscales, fue sancionado en junio y estamos trabajando en tres distintos ámbitos. Y empezamos con los impuestos indirectos nacionales, es decir el IVA, débitos y créditos, combustibles, ya nos juntamos con las autoridades. También se invitaron a las provincias a que se adhieran con proyectos de ley como Santa Fe, a este régimen. Así que estuvimos reunidos con los 24 secretarios de comercio provincial para contarles de que se trata y que se acojan por ingresos brutos y tasas municipales. También que acompañen con una campaña de difusión”, remarcó para que las personas puedan informarse.
Después puso un claro ejemplo en relación a lo que sucede actualmente con las tasas e impuestos municipales y provinciales agregados a las boletas de los diferentes servicios: “Vamos a lo bien cotidiano, son temas muy complejos para la gente. Una persona llama para su casa a un techista o gasista, hace el trabajo y nos dice ‘o me pagás tanto o te corto la luz’, nos sentiríamos intimidados, extorsionados, de eso se trata en el fondo. Lo que se está discutiendo, que es lo natural en el mundo, es que la empresa de luz mande su boleta por el consumo de electricidad, más el IVA correspondiente, y la municipalidad envíe su tasa de alumbrado barrido y limpieza, seguridad e higiene y se ocupe de cobrarla por su lado”, explicó.
Luego detalló lo sucedido en la provincia de Buenos Aires: “En algún momento, ciertas provincias se empezaron a colgar del cable de la luz por otros cargos que no tienen qué ver con esto. En la provincia de Buenos Aires lo hicieron con cierta conexión al subir la tasa de luz, cada usuario pagaba su consumo y el de la vereda, hasta ahí estaba en un terreno normal. Pero después vino una ley, la 11.769, en los 90, y ahí el tema se empezó a desmadrar al colocar cargos que no tenían nada que ver con el consumo de electricidad”, indicó.
Y culminó indicando que no se respetaban los derechos de los usuarios: “Se podían llegar a subir a la boleta de luz, pero tenían que cumplirse tres condiciones, aseguraron los legisladores, viendo lo que sucedía. Primero tenía que haber una expresa aceptación individual, cargo por cargo, de parte del usuario, eso no se cumplía. Segundo, se debía prever el cobro por separado de la boleta con el servicio correspondiente y el cargo extra, se había pensado una especie de troqueles, tampoco se cumplía. Y tercera y última, sino pagaba la persona no se podía cortarle la luz, eso también decía el artículo 78 de la ley, le terminaban quitando el servicio”, informó Olivero Vila
